Félix Bolaños, el hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez, ha dedicado sus primeras promesas como ministro de Justicia al "diálogo" y el "respeto a la Constitución y el Estado de Derecho". Conceptos centrales en su relato ante los retos que se pone: defender la aplicación de la ley de amnistía y la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un clima de máxima tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
Así, el ministro ha asegurado que ambas cuestiones atienden al mandato de la Constitución. La amnistía se expone como garantía de la "convivencia democrática" recogida en el preámbulo de la Carta Magna y la renovación del CGPJ como requisito imprescindible para el Estado de Derecho. "Esta legislatura estará marcada por la búsqueda de la convivencia democrática, sobre todo en los territorios en los que la fractura es más profunda, para cumplir el mandato constitucional", ha apuntado el ministro.
Ha defendido la amnistía sin citarla, hablando de una "oportunidad de garantizar la convivencia y la cohesión con respeto a la separación de poderes", y ha reconocido que la legislatura estará repleta de "debates intensos". Eso sí, debates respaldados por "instituciones fuertes" que tienen al frente a un Gobierno "responsable y serio". "Nuestra democracia es mejor porque integra distintas sensibilidades", ha asegurado. Y ha pedido, también a los que le reciben "sin cariño", un debate "en el que impere el patriotismo y no el partidismo".
La renovación del CGPJ
"Lo que tenga que hacer lo haré con diálogo, pero lo haré todo". La advertencia de Bolaños llegaba tras varios minutos dedicados a resaltar la obligación constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esta parece una de las prioridades absolutas del nuevo ministro de Justicia, que el otoño pasado ya encabezó las negociaciones con el Partido Popular para tratar de llegar a un acuerdo. El pacto fracasó, precisamente cuando Génova conoció que el Gobierno negociaba con el independentismo la derogación del delito de sedición.
Más de un año después, la amnistía copa el debate político nacional y la tarea de renovar el Consejo parece aún más complicada. Para más inri, este 4 de diciembre el órgano cumplirá cinco años caducado, de forma que sus vocales habrán pasado el mismo tiempo ejerciendo en funciones que en el periodo de su mandato.
En cualquier caso, el ministro se ha mostrado convencido de que logrará desbloquear la situación, "con respeto a la Constitución, pero sobre todo a los ciudadanos, a los jueces y a la reputación internacional de nuestro país".
Mientras tanto, miembros del Consejo presenciaban su discurso, que han calificado de "correcto". Pero lo importante, claro está, son los hechos. "Espero que ambas partes rebajen el tono, hace falta bajar el suflé", señalaban a este periódico fuentes del órgano, que sin embargo auguraban un camino difícil para el ministro: "Habla de diálogo pero no va a ser fácil. No veo muchos jueces por aquí".
Los conflictos en la Administración de Justicia
Por otro lado, el ministro debe "recoger el testigo" de su antecesora Pilar Llop en lo referente al desarrollo de las leyes de eficiencia que antes de las elecciones se tramitaban en el Parlamento, tres normas esenciales para agilizar el funcionamiento de una Administración de Justicia muy anticuada en el uso de herramientas digitales.
Y asumirá también la gestión de los conflictos con los trabajadores de Justicia, acentuados desde principios de 2023. En este sentido, no solo debe asegurar el cumplimiento de los pactos que Llop cerró con jueces, fiscales y letrados de la Administración. También debe tomar las riendas de las negociaciones con los funcionarios de Justicia, que tras la convocatoria de elecciones pusieron fin a meses de protestas bajo la promesa de retomar sus reivindicaciones en cuanto hubiera un nuevo Gobierno.
Cumpliendo con su promesa, el sindicalista Luis Calero, uno de los cabecillas de la huelga, se ha acercado este martes al nuevo ministro y le ha solicitado "que proponga una solución inmediata al conflicto".
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