Bolaños llama al comisario de Justicia para defender que la amnistía es "congruente" con la UE y anuncia visita a Bruselas

El ministro de Presidencia Félix Bolaños, a su llegada al Congreso de los Diputados antes del inicio de la primera sesión del debate de investidura de Feijóo.
El nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la entrada al Congreso, en una imagen de archivo
Fernando Villar / EFE
El ministro de Presidencia Félix Bolaños, a su llegada al Congreso de los Diputados antes del inicio de la primera sesión del debate de investidura de Feijóo.

El nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha llamado este lunes a la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, con el propósito de adelantarles la posición del Gobierno sobre la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE. También les ha adelantado, en su primera actuación como responsable de Justicia del nuevo Gobierno de coalición, que viajará a Bruselas la próxima semana para reunirse con ambos.

Según han informado fuentes gubernamentales, Bolaños se ha puesto a disposición de Jourová y de Reynders para facilitarles "toda la información que precisen acerca del procedimiento y contenido de la iniciativa legislativa".

En las conversaciones con ambos responsables del Ejecutivo comunitario, Bolaños ha hecho hincapié en que esta proposición de ley responde a la "voluntad compartida por la mayoría absoluta de los partidos del Congreso de normalizar la situación institucional, política y social en Cataluña", así como de "abrir una nueva etapa que supere la tensión de los últimos años".

Bolaños ha incidido en que la ley de amnistía es "una cuestión política de ámbito interno" que es "plenamente congruente con el ordenamiento y valores europeos", además de "impecable desde una perspectiva constitucional", puesto que, en su opinión, pretende "un objetivo contemplado en el preámbulo de la Constitución" como es "garantizar la convivencia democrática". 

De este modo, y según las fuentes informantes, el ministro ha trasladado a Reynders y Jourová que la proposición de ley "no afecta en nada a los intereses y el derecho de la UE" y es "coherente con los valores de la Unión".

Por ello, Bolaños ha pedido "respetar el debate político y parlamentario en España frente a los intentos de algunos grupos políticos de convertir un debate interno y español en una cuestión europea". "El Estado de Derecho en España es sólido y así seguirá siéndolo, ha trasladado el ministro Bolaños", han indicado las citadas fuentes.

Un diálogo "muy concreto"

El comisario europeo de Justicia, por su parte, ha asegurado este lunes que su departamento tendrá un diálogo "muy concreto" con el Gobierno español "para responder a todas las cuestiones y ver qué es lo que está en juego".

En declaraciones a EFE en Toronto, Reynders ha asegurado estar en "permanente contacto" con Bolaños, con el que espera intensificar sus conversaciones. 

El comisario se mostró reservado a la hora de ofrecer detalles sobre las conversaciones que mantiene con España. "He tenido contacto con el ministro Bolaños, que ahora se ha convertido en ministro de Justicia, así que quizás tendremos más contacto en el futuro. Es muy importante entablar un diálogo. Y luego veremos el proceso, cuánto tiempo tardará hasta que haya una legislación", explicó.

Reynders ha insitido que ese diálogo "será muy concreto para responder a todas las cuestiones y ver qué es lo que está en juego" y añadió que, "desde el principio", Bruselas ha defendido que "el problema en Cataluña es un problema interno de España y tiene que ser solucionado en relación con la constitución nacional". "Hemos intercambiado cartas y hemos tenido intercambios por otros medios y continuaremos haciéndolo. Pero no queremos organizar un proceso público sobre esto", ha agregado.

Además, ha recordado que hay que esperar a conocer el texto final que salga del Congreso español, porque lo que ha visto su departamento es, de momento, el proyecto de ley. Reynders ha explicado que se está pidiendo información al Gobierno español, no solo sobre el controvertido proyecto legislativo sino también sobre la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial.

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