El Ministerio de Consumo, cuyo titular era el excoordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, se despide como cartera independiente en esta nueva legislatura y pasa a formar parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que será capitaneado por Pablo Bustinduy, exdiputado de Podemos y miembro del equipo de Sumar.
Tras constituirse en enero de 2020 como un Ministerio propio por primera vez —separándose del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social donde había estado hasta entonces— el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido en este nuevo gabinete incluir las competencias de Consumo en Derechos Sociales. Ante ello, desde las organizaciones de consumidores lamentan su desaparición.
No obstante, desde su creación, el Ministerio de Consumo ha recibido diversas críticas por parte de PP y Vox, quienes consideraron que se trataba de una cartera "residual" y "artificial" y, además, cargaron contra Garzón por sus declaraciones sobre la industria cárnica y ganadera, entre otros.
El presupuesto destinado a esta cartera se había incrementado un 11,38% en 2023 situándose en 63,69 millones de euros, 6,5 millones de euros más que el año anterior (57,18 millones de euros), cuando ya se había aumentado un 20,36%, casi 10 millones más que en 2021.
Medidas llevadas a cabo
Fue durante la pandemia provocada por la covid-19 cuando Consumo comenzó a llevar a cabo acciones en defensa de los consumidores: "Aseguramos la regulación de precios máximos de mascarillas y servicios funerarios. Además, aseguramos que se garantizaran los derechos de consumidores frente a actividades canceladas, como vuelos o conciertos", señala el exministro en un hilo de Twitter donde recoge algunas de las medidas más relevantes.
También en pro de los consumidores, se impulsó una legislación con la que se prohíben los números de teléfono 902, es decir, aquellos números de atención al cliente de tarificación especial que suponían un elevado coste para el consumidor. Así, el precio no podrá superar el de una llamada estándar. "Hemos asegurado que la atención al cliente para servicios básicos sea siempre gratuita".
"Las relaciones de consumo deben desarrollarse en términos de justicia social, igualdad y garantía de derechos", detalla Garzón, quien apunta a la creación de la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador para prevenir y sancionar posibles fraudes masivos. "Las empresas que no respetan los derechos de las personas consumidoras pueden ser sancionadas con multas eficaces y disuasorias".
De igual forma, para evitar posibles abusos en las relaciones de consumo, se reguló la figura de la persona consumidora vulnerable, puesto que antes existía un vacío legal. "Los poderes públicos están obligados a establecer medidas específicas de protección, porque cualquier persona puede estar en situación de vulnerabilidad en una relación de consumo", argumenta.
"A más información, mejores decisiones de consumo", defiende Garzón. Por ello, desde Consumo han apostado por asegurar la transparencia en las reseñas que se pueden encontrar en buscadores de Internet y han adoptado la obligación de indicar si las opiniones se tratan de una actividad publicitaria pagada.
La principal partida de gasto de la última legislatura estaba relacionada con proyectos para la prevención de los trastornos provocados por el juego y con el refuerzo de la actividad de laboratorios de vigilancia de productos de consumo y alimentarios, sobre todo en lo referido a seguridad alimentaria y nutrición.
"Una de las iniciativas de la que nos sentimos más orgullosos es proteger a jóvenes y colectivos vulnerables frente a los riesgos del juego azar", destaca Garzón. De este modo, el Ministerio prohibió la publicidad audiovisual de las apuestas y juegos de azar online fuera del horario de madrugada, así como que los clubes deportivos exhibieran patrocinios de estas compañías en sus equipaciones.
También relacionada con la publicidad, se promovió un acuerdo con la industria juguetera española con el objetivo de acabar con estereotipos sexistas en la publicidad de juguetes. "Una infancia que juega y aprende en igualdad, alejada de discriminaciones y desigualdades, será una población adulta mucho más democrática, más pacífica y más feliz", defendía el Ministerio.
Para impulsar un consumo más sostenible, Garzón destaca que desde la cartera han "fomentado la compra de temporada y proximidad" con políticas públicas como la eliminación de cargas burocráticas para la venta directa en pequeñas granjas y en el comercio minorista.
En esta línea, para garantizar un menos impacto medioambiental señala las siguientes medidas: ampliación del plazo de garantía de de bienes y productos de dos a tres años, extensión del plazo de manifestación de la falta de conformidad (tres años en el caso de bienes o dos años en el de servicios digitales) e incremento en 10 años el plazo en el que los fabricantes deben tener piezas de repuesto para fomentar la reparación.
Asociaciones lamentan la desaparición del Ministerio
Las organizaciones de consumidores han lamentado la desaparición del Ministerio de Consumo y que sus competencias se diluyan en un departamento conjunto de servicios sociales, consumo y agenda 2030, advirtiendo de que quedan por resolver temas relevantes.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Facua y la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) han trasladado su indignación por este cambio, que, según señalan, supone la pérdida de protagonismo y visibilidad de las políticas de consumo y de protección al consumidor.
Políticas que para OCU son "tan necesarias en estos momentos de crisis e incertidumbre en los que nos encontramos". También desde CECU, su director, David Sánchez, ha lamentado que se quite la figura de un Ministerio propio para Consumo "en este momento tan incierto para las personas consumidoras".
CECU da la bienvenida al nuevo ministro Pablo Bustinduy con el que espera que las organizaciones puedan poder colaborar y profundizar en los nuevos retos del consumo como la sostenibilidad, la transición energética y digital y la justicia social. Por su parte, Facua espera que Bustinduy y su equipo asuman las mejoras legislativas y el refuerzo en el control del mercado ante los abusos y fraudes.
Así, OCU recuerda que se han quedado muchas cosas por hacer para mejorar los derechos de los consumidores, como la ley de servicios de atención a la clientela (SAC), que el Gobierno se comprometió a tramitar de formar urgente. Se trata del proyecto de ley que obliga a las empresas a no hacer esperar al teléfono más de tres minutos, que prohíbe el uso exclusivo de sistemas robotizados y permite ser atendido por una persona, si se requiere.
También está pendiente de aprobar la creación de la autoridad de defensa del cliente financiero para resolver los problemas de los consumidores con las entidades financieras, la regulación del etiquetado nutricional y la alimentación escolar. Además, entre las tareas que tiene por delante el nuevo Gobierno está el desarrollo de las acciones de representación, los retos que plantea la transición digital y un marco adecuado para el desarrollo y la modernización de las asociaciones de consumidores.
En este sentido, Facua reclama una dotación suficiente de medios técnicos y humanos para el ministerio a fin de poder desempeñar su labor inspectora y el ejercicio de la potestad sancionadora. Ahora bien, la asociación muestra su preocupación ante la posibilidad de que las políticas de consumo se diluyan dentro de las funciones del ministerio que ahora asume estas competencias.
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