El Gobierno valenciano está preparando una estrategia conjunta para desatascar los expedientes de proyectos para la construcción de plantas de energías renovables (en su mayor parte fotovoltaicas, aunque también hay parques eólicos) por toda la Comunitat. De hecho, será Presidencia de la Generalitat la que coordine en una próxima reunión, prevista para esta semana o la que viene, los planes con la consellera de Innovación e Industria, Nuria Montes, y el director general de Energía, Manuel Argüelles. Según explican desde esta conselleria, el objetivo último es "alcanzar la soberanía energética", para lo que se hace imprescindible desbloquear los 415 expedientes actualmente en fase de tramitación. Mientras, la patronal del sector, Avaesen, alerta de las consecuencias económicas del "atasco", pide que el proceso "coja velocidad" y da "un voto de confianza" al nuevo Ejecutivo autonómico, que le ha trasladado "su voluntad de arreglarlo".

Dentro de esta cifra global, muy similar a la que acumuló hace un año el anterior Consell del Botànic, en cuyo seno surgieron choques por este modelo energético entre PSPV y Compromís, e incluso a nivel interno en esta última formación, hay una variada casuística. Por ejemplo, un reducido grupo de alrededor de una treintena (según Avaesen) se debe abordar de forma urgente al estar a punto de caducar, mientras otros están recién presentados, pendientes de la declaración de impacto ambiental o a la espera de la autorización para su construcción.

Así lo muestran los datos de la Conselleria de Industria a fecha 30 de septiembre. De la cifra global de 415 solicitudes en tramitación, 41 están pendientes de admisión a trámite, 116 admitidas a trámite pero pendientes de someter a información pública y 57 ya en trámite y pendientes de declaración de impacto ambiental (DIA). Otros 87 expedientes no precisan DIA y han sido remitidos a otros organismos para la elaboración de informe. Finalmente, hay 78 con la DIA emitida y pendientes de la autorización previa y de construcción, y otros 36 afectados por la caducidad de los permisos de acceso y conexión. Todos los expedientes suman una potencia de 5.547 megavatios (MW) y, por provincias, 188 corresponden a Valencia, 149 a Alicante y 78 a Castellón.

Fuentes de la Conselleria apuntan que la primera medida será la revisión urgente de los expedientes que caducan el próximo 25 de enero, a los que se dará "prioridad", aunque siempre "con criterios técnicos" para su aprobación o denegación del permiso. Según apuntan estas mismas fuentes, la eliminación del atasco burocrático de estos expedientes es "un tema de gobierno" y de ahí que se vaya a abordar de forma conjunta.

Por su parte, el director general de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen), Pedro Fresco, afirma que están "a la espera de ver si coge velocidad, pero la realidad es que no la coge". Además, señala el "hito administrativo del 25 de enero" en el que una parte de los expedientes debe tener la autorización de construcción. "Hay más de 400 expedientes, el ritmo de resolución es claramente insuficiente y cada día que pasa estamos preocupados porque el atasco se mantiene y hay más nervios en el sector", explica.

Fresco, que fue director general de Transición Ecológica con el Botànic hasta su destitución por parte de Compromís, asegura que la patronal ha mantenido contactos "de forma habitual" con el nuevo Consell, al que da "un voto de confianza" y al que ha aportado propuestas relacionadas con cuestiones técnicas, con la priorización de las plantas más pequeñas (que cifra en el 65% del total de los proyectos), el aumento de personal y de mejoras legislativas y un "impulso político" para desatascar los expedientes.

Impacto en el empleo y las inversiones

Según las estimaciones de Avaesen, el impacto económico de los proyectos de renovables en tramitación oscila entre los 8.000 y 10.000 millones de euros de inversión. En empleos, crearía 7.500 puestos en la fase de construcción y otros 1.000 permanentes en mantenimiento de las plantas. Además, a los ayuntamientos llegarían 500 millones de euros en ingresos en el momento de la obra y otros 720 recurrentes durante 30 años. Finalmente, los propietarios de los terrenos recibirían 480 millones durante el mismo periodo.