Rishi Sunak, primer ministro del Reino Unido, destituyó a su ministra de Interior, Suella Braverman, el pasado lunes. El jefe del Gobierno tomó la decisión tras la polémica por las críticas de Braverman a la Policía, a la que acusó de "doble rasero" y de favorecer a los manifestantes propalestinos. Fue el último charco en el que se metió la ya exministra.
Pero tal vez a Sunak le había llegado un soplo del Tribunal Supremo del Reino Unido. Sólo unas horas después de que Braverman dejara de ser responsable de Interior la máxima instancia judicial del país tumbó el plan del Gobierno para deportar a Ruanda a los demandantes de asilo.
¿Cómo era el plan para enviar a Ruanda a solicitantes de asilo?
El plan lo anunció Boris Johnson en abril de 2022 y su idea básica era enviar a solicitantes de asilo a Ruanda para que lo pidieran allí. Según el plan, se les podría conceder el estatuto de refugiado para permanecer en Ruanda. En caso contrario, podrían solicitar establecerse allí por otros motivos, o pedir asilo en otro "tercer país seguro".
¿Por qué Londres quiere expulsarlos?
El gobierno británico ha defendido su política inmigratoria, y esta norma en concreto, porque disuadiría a las personas que llegan al Reino Unido por "métodos ilegales, peligrosos o innecesarios", como en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha. Solo en 2022, más de 45.700 personas utilizaron esta ruta para llegar a territorio británico, la cifra más alta desde que se tienen registros, según informa la BBC.
¿Se ha llegado a aplicar ese plan?
Ningún solicitante de asilo ha sido enviado a Ruanda. El primer vuelo estaba previsto para junio de 2022, pero se canceló tras un recurso judicial.
¿Qué ha hecho el Supremo británico?
El tribunal ha confirmado una sentencia del Tribunal de Apelación que afirmaba que la política aplicada por el Gobierno británico deja a las personas enviadas a Ruanda expuestas a violaciones de los derechos humanos. Esto significa que la política de asilo no puede aplicarse en la forma actual.
El controvertido plan ha sido objeto de recursos judiciales desde el principio. En junio de 2022, ya se impidió que despegaran los vuelos hacia Ruanda después de que el Tribunal de Apelación dictaminara que el planteamiento era ilegal debido a la falta de salvaguardias de los derechos humanos.
¿Por qué tumban el plan de deportaciones?
En su sentencia, el Tribunal Supremo afirman que había "razones fundadas" para creer que las personas deportadas a Ruanda podrían ser enviadas por el gobierno ruandés a lugares donde no estarían seguras. Lord Reed, presidente del tribunal, dijo que había pruebas fehacientes para creer que los verdaderos refugiados enviados al país podrían correr el riesgo de ser devueltos a sus países de origen, donde podrían sufrir persecución.
Además, según los jueces de la más alta instancia judicial del país, esta política incumple parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que prohíbe la tortura y el trato inhumano. Además, el plan infringía las salvaguardias de tres leyes británicas aprobadas por el Parlamento en los últimos 30 años.
Citaron como factor determinante de la decisión el deficiente historial de Ruanda en materia de derechos humanos y el trato que dispensó en el pasado a los refugiados. Cosa que no gustó al país africano. "Nos tomamos en serio nuestras responsabilidades humanitarias y seguiremos cumpliéndolas", dijo el Gobierno de Kigali.
¿Cuánto pagaba Londres a Ruanda?
Downing Street ha luchado durante 18 meses por hacer realidad su plan para deportar migrantes a Ruanda. Ahora se enfrenta a los daños jurídicos y políticos tras la sentencia del Supremo. El Gobierno de Sunak ya ha pagado al de la nación africana 140 millones de libras (casi 160 millones de euros) y sólo es (o iba a ser) una parte.
¿Ha entendido Sunak la sentencia?
Se diría que no. Tras el fallo del Supremo, el primer ministro le ha explicado al Parlamento lo que él ha entendido. Según él, el tribunal ha "confirmado que el principio de expulsar a los solicitantes de asilo a un tercer país seguro es legal. Hay otros elementos sobre los que quieren más certeza".
Pero no es eso lo que dijo la máxima instancia judicial del país. Como explica Dominic Casciani en BBC, al tribunal "nunca se le pidió que se pronunciara sobre el principio jurídico general de enviar a las personas a países considerados seguros. Y los cinco jueces no enviaron un memorando pidiendo "certeza adicional". La frase no aparece en su sentencia. Dictaminaron que el plan actual era ilegal y lo metieron en la trituradora legal".
¿Qué hará ahora el Gobierno británico?
Tras la sentencia, Sunak dice estar decidido a "poner fin al tiovivo" de recursos judiciales. Ha dicho que el gobierno trabaja en un nuevo tratado con Ruanda y se ha mostrado dispuesto a cambiar las leyes británicas. De hecho, el Ejecutivo está en las "fases finales" de la negociación de un nuevo tratado, según ha dicho el ministro de Inmigración, Robert Jenrick. En su opinión, es "absolutamente fundamental que los vuelos salgan hacia Ruanda en primavera".
El jefe del Gobierno ha declarado al Parlamento que está dispuesto a cerrar un tratado formal con Ruanda y a "revisar nuestros marcos jurídicos nacionales" en un intento de reactivar el plan. Ese tratado elevaría el acuerdo entre el Reino Unido y el país africano de su estatus actual de "memorando de entendimiento".
Cree Downing Street que de ese modo situaría el acuerdo sobre una base legal más sólida. El nuevo texto proporcionaría las garantías necesarias que ha pedido el Tribunal Supremo, según el portavoz oficial del Primer Ministro. El ministro de Inmigración se ha mostrado "confiado" en que el gobierno podrá ver despegar los vuelos a Ruanda el próximo año.
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