El sindicato UGT ha presentado este lunes una propuesta para recuperar la indemnización de 45 días por despido improcedente. Este era el marco que aplicaba la legislación laboral española hasta que ese periodo se redujo a 33 días tras aprobarse la reforma laboral de 2012. Así lo ha defendido este lunes el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, y el vicesecretario general de política sindicato, Fernando Luján, en una rueda de prensa en la que han presentado un informe sobre el coste del despido injustificado en España.
Los líderes sindicales han señalado que "no es cierto que en España sea más caro despedir que en el resto de países de la OCDE" y consideran que el sistema de indemnización actual "no puede disuadir a nadie". "Para un contrato temporal la indemnización media está en 1.500 euros. Para un parcial indefinido en 4.642, para un fijo discontinuo está en 4.493 euros, para un indefinido en 9.512 euros...", ha enumerado Luján. "Hay que dar un paso más y empezar a proteger realmente el contrato de trabajo", ha añadido.
Además de recuperar la indemnización de 45 días por año trabajado, UGT reclama establecer una "indemnización mínima" de seis meses de salario que garantice que los trabajadores que sean despedidos por razones improcedentes y que hayan acumulado compensaciones inferiores a medio año puedan mejorar su indemnización. Una medida que iría en la línea que ya aplican países como Italia, ha defendido Fernando Luján.
Esa indemnización mínima de seis meses estaría enfocada a reducir las desigualdades que existen en el mercado laboral cuando se produce un despido improcedente. Por ejemplo, UGT señala que las mujeres y los jóvenes reciben compensaciones más bajas porque cobran salarios menores, trabajan menos y, en el caso de las personas de menos edad, no logran acumular grandes periodos de permanencia en las empresas.
Salarios de tramitación y derecho de opción
En la misma línea, UGT plantea recuperar los salarios de tramitación en casos de despido improcedente. Esa figura, que también fue derogada por la reforma laboral salvo en caso de cese nulo, establece que los trabajadores tendrán derecho a cobrar el salario no percibido desde que se les despidió y hasta que hubo una sentencia que declaró el cese como no procedente.
De igual modo, el sindicato que lidera Pepe Álvarez reivindica que el derecho de opción corresponda al trabajador y no a la empresa. Con la normativa actual, cuando un empleado es despedido y el cese se declara improcedente, el trabajador puede recibir una indemnización o ser readmitido. Sin embargo, esa decisión corresponde a la empresa y no al asalariado. UGT busca invertir las tornas y que sea el empleado quien decida.
La central sindical ha situado la reforma del sistema de despido como una de sus prioridades de cara a esta legislatura. Los otros grandes caballos de batalla son la reducción de jornada y elevar el salario mínimo a 1.200 euros al mes.
El acuerdo de legislatura firmado entre PSOE y Sumar para formar gobierno se hace eco de estas demandas, aunque no exactamente en los mismos términos. En el caso del despido, ambos partidos pactaron "establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral".
En la cuestión del despido, UGT está llevando la delantera. El año pasado, el sindicato presentó una demanda ante el Comité europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa por incumplimiento de la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la OIT. El sindicato arguye que el sistema actual de despido en España va en contra del artículo 24 de la carta social, que establece que "todos los trabajadores tienen derecho a protección en caso de despido". El Consejo de Europa —que no forma parte de las instituciones de la UE— admitió a trámite la reclamación, aunque todavía no la ha resuelto. Desde UGT esperan que el organismo se pronuncie en el primer trimestre de 2024.
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