El Govern de la Generalitat ha aprobado esta mañana en la reunión del Consell Executiu un proyecto de decreto-ley para regular las viviendas de uso turístico. Las líneas básicas del nuevo texto que marcará la normativa de los pisos turísticos han sido anunciadas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern por la consellera de Territorio, Ester Capella. La responsable del ramo en la Generalitat ha asegurado que la proliferación de pisos turísticos "dificulta el acceso a la vivienda".
La consellera Capella ha asegurado que ante la gravedad creciente del problema de acceso a la vivienda y la proliferación de pisos turísticos, "muchos ayuntamientos han congelado y han dictado moratorias para las licencias de viviendas de uso turístico", y estas medidas pueden generar inseguridad jurídica. Para poner orden en estas diferentes iniciativas regulatorias desde las administraciones locales, el decreto quiere ofrecer una serie de herramientas que pongan freno al problema.
El requisito fundamental de la nueva normativa es que los ayuntamientos deberán acreditar que tienen "suficiente suelo para satisfacer la demanda de vivienda permanente que hay en la localidad". Los consistorios tendrán que publicar memorias anuales que acrediten la suficiente oferta de vivienda permanente para poder otorgar licencias de vivienda de uso turístico.
Zonas tensionadas
La Generalitat ha elaborado un listado con 262 municipios que estarán obligados a aplicar estas nuevas medidas en el ámbito de los pisos turísticos. Son localidades que están catalogadas como zonas tensionadas, o bien que tienen cinco viviendas o más de uso turístico por cada 100 habitantes.
Por un lado, las corporaciones locales tendrán que modificar su planes urbanísticos para lograr la suficiente oferta de vivienda permanente en la localidad. Por otro lado, nunca se podrá superar la cifra de 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes en el municipio.
Las licencias dejan de ser indefinidas y tienen una duración máxima de cinco años. Pasado este período, tendrán que renovarse, pero como las autorizaciones para uso turístico se limitan a un máximo de 10 por cada 100 habitantes, los municipios tendrán que otorgarlas con transparencia, garantía de libre concurrencia y según unas condiciones específicas.
Uno de los objetivos del decreto con esta limitaciones es que muchas de las viviendas dedicadas a uso turístico vuelvan al mercado residencial permanente. Por tanto, en localidades con gran proliferación de pisos turísticos tendrán que decaer licencias una vez aprobada la nueva regulación.
Duración limitada
Cuando entre en vigor, los propietarios de licencias turísticas tendrán que manifestar su voluntad de seguir ejerciendo la actividad para revalidar su autorización. El decreto establece una prórroga automática para aquellos propietarios, personas o empresas, que hayan realizado inversiones en las viviendas para iniciar la actividad turística y no hayan podido aún amortizarlas.
La consellera de Territorio, Ester Capella ha señalado que el objetivo del decreto es lograr que "la vivienda sea un derecho fundamental". Capella ha matizado que ese derecho se ha de conseguir "especialmente en aquellos municipios en los que el uso turístico produce tensión". Según los datos del Govern, actualmente hay en Cataluña más de 100.000 viviendas de uso turístico.
Capella ha remarcado que la mayoría de éstas "no son de nueva construcción sino que son viviendas que estaban destinadas a vivienda principal, cambian de uso y dejan de serlo". Desde el Govern se considera que esta tendencia vulnera la Ley del Suelo, que establece que "el suelo residencial se debe destinar preferentemente a proveer vivienda permanente a las personas.
Derecho garantizado
La consellera ha señalado que, además de en la Ley del Suelo, este decreto se basa en directivas europeas y en el Estatuto de Autonomía, que otorga competencias exclusivas en materia de vivienda a la Generalitat. Además, Capella ha remarcado que el Govern "está obligado a garantizar el derecho a la vivienda porque es lo que garantiza la entrada a otros derechos". Ester Capella ha concluido que "quien no tiene una vivienda digna, difícilmente puede tener una vida digna".
Desde el govern se han detectado problemas graves respecto a los pisos turísticos en Aran, algunas otras zonas de los Pirineos como la Cerdanya, y áreas del litoral. Pero incluso, Capella ha relatado que se dan casos en los que "se están pidiendo licencias de uso turístico para viviendas que actualmente tienen familias viviendo de manera permanente", con el objetivo de poder subir el precio del alquiler o el precio de compra del inmueble en caso de querer venderlo.
La conselleria de Territorio enmarca este decreto en la voluntad de realizar un "cambio estructural para sacar la vivienda de la lógica del mercado", ha indicado Capella, que también ha vuelto a pedir que se aprueben las declaraciones de municipios tensionados para contener las rentas de los alquileres.
En este sentido, Capella ha recordado que "en 10 años, el precio del alquiler en Barcelona ha subido un 60%, y en el área metropolitana, no llega pero se acerca".
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