Nuevo caso de vecinos de Barcelona a quienes la propiedad quiere echar de sus casas para hacer pisos turísticos, a pesar de que la normativa municipal lo prohíbe. Después de que hace unas semanas los inquilinos de una finca de la calle Tarragona denunciaran que se encuentran en esta situación y el Ayuntamiento intercediera, otros de un edificio situado en el número 2 de la plaza Santa Madrona del Poble-sec han alertado este lunes de que les sucede lo mismo, por lo que han pedido también ayuda al Consistorio.

Como en el primer caso, para solicitar las licencias de pisos turísticos, la propiedad aprovechó un momento en que en 2019 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que no era firme anuló el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) municipal.

Así lo ha contado Sergi Barrios, del Sindicato de Barrio del Poble-sec, que ha detallado que en la finca de Santa Madrona hay 11 pisos y que siete de las familias inquilinas recibieron a finales de marzo un burofax de la propiedad para que abandonaran sus viviendas el pasado 30 de abril. Sin embargo, consiguieron una prórroga de seis meses, gracias al decreto de urgencia del Gobierno aprobado en diciembre de 2022, pero tampoco quieren tener que marcharse entonces.

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Barrios ha apuntado que de las siete familias que recibieron el burofax, cuatro eran de cuatro de los cinco pisos que hay con licencia turística en la finca y otras tres, de viviendas para las que la propiedad solicitó este permiso. La justicia denegó uno la semana pasada y se está a la espera de que se pronuncie sobre los otros dos, ha explicado.

También ha contado que la propiedad es una familia burguesa catalana con más de 300 pisos en el área metropolitana, dedicada tradicionalmente a la industria textil, que está redirigiendo sus inversiones al sector inmobiliario. Ha dicho, además, que algunos de los inquilinos desconocían que desde 2020 su contrato se renueva cada mes y no anualmente, porque cuando lo firmaron no se fijaron en esta cláusula, denominada de tácita reconducción. A otros, el contrato les caduca en 2024 o más adelante.

Los vecinos de esta finca de la plaza Santa Madrona han pedido al Ayuntamiento que actúe como lo hizo con la de la calle Tarragona, después de que una sentencia del Tribunal Supremo obligara al Consitorio a dar allí 120 licencias turísticas que habían sido denegadas previamente. El gobierno municipal, sin embargo, declaró luego nulos 69 de estos permisos, al encontrar una vía legal que lo permite. Se trata de una ley catalana que dictamina que si no se ha iniciado la actividad turística comunicada transcurridos tres meses desde la presentación de la comunicación, se puede retirar la licencia.

La teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz, ha respondido durante un acto de campaña electoral que intentarán hacer lo mismo que con el bloque de la calle Tarragona. "Esto es lo que podemos hacer desde el Ayuntamiento, pero insistimos en pedir al Parlament la posibilidad de revocar licencias", ha afirmado. Por su parte, el concejal de Sants-Montjuïc, Marc Serra, ha asegurado que no dejarán a los inquilinos solos y que utilizarán "todas las herramientas legales" para evitar que sean expulsados del barrio. El Ayuntamiento de Barcelona ha recordado que se reunió con los vecinos la semana pasada.

En la finca, ha indicado el portavoz del Sindicato de Barrio del Poble-sec, vive "gente trabajadora", entre la que se encuentran "jubilados, discapacitados y personas con menores a cargo". Una de ellas es Lucía, que habita allí desde 2016 con su pareja y una hija escolarizada en la zona. Desde que se le acabó el contrato de alquiler de tres años más uno, se lo han ido prorrogando automáticamente. Lucía ha explicado que al recibir el burofax sintieron "angustia, desesperación y maltrato", y que pretenden conseguir un contrato para los próximos siete años.

Por su parte, Rosa, otra inquilina, ha contado que su marido, de 72 años y con discapacidad, vive en el piso desde 1955 y que su hijo también habita en otra vivienda del mismo bloque. Cuando la propiedad compró la finca, les dijeron que su contrato que vencía en 2020 se renovaría cada año, ha asegurado.