El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este lunes una declaración institucional contra la amnistía que negocian el PSOE, Sumar, ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, un primer pronunciamiento en el que denuncia que, de aprobarse una ley en ese sentido, supondría "la abolición" del Estado de Derecho en España y violentaría la Constitución.

"El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España", alerta.

Según la declaración, aprobada por nueve votos frente a cinco, aparte del voto en blanco del presidente, la amnistía supone una "medida de abolición del Estado de Derecho" que "violenta la Constitución" y convierte a la Justicia en "una quimera", ya que "no es compatible" con el principio de Estado de Derecho que "los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales, cualquiera que sea la naturaleza de ellos, para que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el Gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el Gobierno".

"Ello supone degradar y convertir nuestro Estado de Derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el interés de España", añade el texto. 

Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, la declaración finalmente ha salido adelante con los votos de sus ocho promotores -los vocales conservadores Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona- más el de su compañero Wenceslao Olea, también del bloque conservador.

Aunque solo hacían falta ocho votos, los impulsores de esta iniciativa han conseguido sumar a Olea modificando el texto original. El presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte -también en la órbita conservadora-, ha optado por votar en blanco. En su caso, redactará una explicación de voto donde evidenciará que no está de acuerdo con la amnistía, pero que cree conveniente esperar a que haya una proposición de ley para que el CGPJ se pronuncie oficialmente.

Por su parte, los cinco vocales progresistas que han asistido al Pleno han votado en contra. El sexto integrante de este bloque, Álvaro Cuesta, no ha acudido al cónclave al considerar que la convocatoria era "manifiestamente ilegal" porque su finalidad es contraria "al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales" del CGPJ. Su ausencia ha allanado la aprobación de la declaración institucional, ya que la ha hecho posible únicamente con los votos de los ocho promotores. De haber acudido, habrían sido necesarios al menos nueve.

Es la primera vez que el CGPJ se posiciona de manera oficial sobre la futura amnistía. Y lo hace sin que aún se conozca un texto detallado. De hecho, la principal crítica de los vocales progresistas es que ni siquiera hay una proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados.

Desde el ala progresista subrayan que hasta ahora el CPGJ solo se había pronunciado sobre cualquier asunto legislativo con un texto registrado en el Parlamento. Y, además, recuerdan que el Consejo solo tiene competencias para hacer informes sobre anteproyectos de ley y, por tanto, no tiene control alguno sobre las iniciativas y pactos de los grupos parlamentarios.

Sobre el hecho de que aún no se haya registrado la proposición de ley, la mayoría del CGPJ se defiende de las críticas dentro y fuera del órgano defendiendo su "legitimidad" para "hacerlo ahora", dado que no se ha optado por presentar la amnistía como un proyecto de ley, lo que evita la opinión de los órganos consultivos del Estado.

"Los partidos que impulsan la iniciativa legislativa, los mismos que sostienen la acción del Gobierno en funciones, anuncian que han optado por la tramitación parlamentaria que permite prescindir de tales informes. Resulta por ello absurdo que se nos pida esperar a hacer algo que no se podría hacer porque deliberadamente se ha escogido la vía que lo impide", recoge la declaración.

Al respecto, precisa que "este Consejo no discute las potestades de los grupos parlamentarios con representación en las Cortes para realizar cuantas propuestas de leyes consideren pertinentes; pero tampoco puede aceptar que se acometa una iniciativa que cercene de una forma tan ostentosa los derechos fundamentales de los ciudadanos y las potestades que la Constitución reserva al Poder Judicial".