Pedro Sánchez tiene la investidura ya en su mano porque le ha llegado el sí desde Bruselas, después de días de cierta incertidumbre. El visto bueno de Carles Puigdemont, que bendice, huido en Bélgica, que el líder socialista pueda seguir siendo presidente del Gobierno gracias a los siete votos de Junts. El expresidente de la Generalitat, de hecho, se hizo de rogar, quiso la foto y el vídeo para después confirmar la luz verde a cambio, entre otras cosas, de una ley de amnistía que el PP ya ha dicho que dilatará aprovechando su mayoría absoluta en el Senado.
El objetivo de Puigdemont, en un primer momento, era no compartir protagonismo con ERC, con quienes los socialistas cerraron el acuerdo hace ya varias jornadas y lo que ha provocado la demora es que la sesión de investidura se tenga que retrasar, algo que no quería el PSOE que sucediera. Con todo, está previsto que precisamente la ley de amnistía pueda registrarse la próxima semana.
En una primera versión del texto del pacto destaca sobre todo la ley de amnistía, dice el documento "para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato". Esta norma además abarca desde 2012, con la convocatoria de la consulta del 9-N, en 2014, pasando por los hechos ocurridos en 2017 con el 1-O, y en el texto se incluye también el lawfare, es decir, lo que los independentistas consideran una persecución judicial en torno al procés. Por otro lado, se habla también de canales de negociación en los que Junts defenderá un referéndum de independencia y el PSOE una ampliación de lo incluido en el Estatut de 2006.
Por otro lado, la formación de Puigdemont propondrá una modificación de la ley de financiación autonómica "que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña". Y, por su parte, el PSOE apostará "por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación".
Han tenido que pasar varios días -más de los que muchos esperaban- para que Junts dé su ok, algo que ha hecho este jueves, disputa por el alcance de la amnistía mediante y ha sido este miércoles cuando todo se ha cerrado, con los catalanes apostados en el Press Club de Bruselas y la delegación del PSOE en el Hotel Sofitel, ubicaciones separadas por al menos 300 metros -llegaron a negociar los últimos flecos de manera telemática-, y después del encuentro del pasado lunes con el número 3 del PSOE, Santos Cerdán. "La investidura está cerca", habían dicho ya fuentes de la formación antes del anuncio final, que ya parecía inminente toda vez que pesos pesados del partido como Jordi Turull o Laura Borrás regresaban a Bruselas. Pero las conversaciones sobre los flecos jurídicos alargaron la espera.
En este escenario, el PP mantiene diferentes movilizaciones en toda España en contra de la amnistía y Vox anunció una querella contra Sánchez por un presunto delito de cohecho al impulsar la ley de amnistía, y además ha avisado de que tomará también acciones contra la Mesa del Congreso si admite a trámite la norma. "Estamos en un golpe de Estado, en un golpe a la Constitución", sostuvo Santiago Abascal. A esto hay que añadir las movilizaciones que se están dando ante la sede del PSOE en la calle Ferraz.
Además, desde el PP han anunciado que la medida porque "atenta contra el Estado de Derecho", tal como expresó la portavoz popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat. "No nos van a callar", espetó Alberto Nuñez Feijóo. Además, para el presidente de Aragón, Jorge Azcón, este pacto es "el mayor ataque a la democracia en nuestra historia perpetrado por el PSOE". Uno de los últimos capítulos en este sentido llegó este miércoles con la carta remitida por el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, a los ministros Félix Bolaños y Pilar Llop en la que le pide explicaciones "detalladas" al Gobierno sobre la norma, dadas las "profundas preocupaciones" de Bruselas en torno a la amnistía.
El pasado mes de septiembre fue el propio Puigdemont -este lunes imputado también en la causa de Tsunami Democrátic- el que puso sobre la mesa las condiciones para empezar a negociar la investidura. Estas fueron, entre otras, una amnistía desde el 9-N y un abandono "completo" de la vía judicial, en lo que el 'padre' del procés independentista calificó como un acuerdo que tendría que ser "histórico". En esa amplitud de la amnistía está ahora el problema para que el presidente del Gobierno en funciones tenga el sí definitivo, solo días después de que él apoyase claramente la amnistía, dijo, "haciendo de la necesidad virtud". Entonces, además, el expresidente de la Generalitat habló de no renunciar a la unilateralidad.
Asimismo, pidió entonces un "seguimiento" para medir el cumplimiento de los acuerdos. "La total falta de confianza hace que este mecanismo sea imprescindible", sostuvo, refiriéndose de forma implícita a la figura de un mediador -o relator, como llegó a tener sobre la mesa el PSOE en 2019- . "Ninguna de estas condiciones es contraria a la Constitución ni a los Tratados europeos. Son condiciones previas para evitar nuevas elecciones y que, si se dan, nos comprometen y nos obligan a trabajar. Solo dependen de la voluntad política", terminó en su momento, porque para él "estamos haciendo política".
Este pacto se da más de cinco años después de la huida de Puigdemont a Bélgica, y en los últimos meses este se ha convertido en un interlocutor válido tanto para Sumar, con la visita de Yolanda Díaz y su consiguiente reunión en la Eurocámara, como para el PSOE. Con todo, la parte judicial no se había acabado del todo para el líder de Junts: en julio el TGUE decidió retirar la inmunidad parlamentaria a Puigdemont, así como a los exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín. De esta forma, confirmó la decisión del Parlamento Europeo, en el que Puigdemont ocupa un escaño desde 2019.
"Nada se acaba, todo lo contrario. Presentaremos recursos y defenderemos hasta el final todos nuestros derechos", reaccionó el político catalán en sus redes sociales a los pocos minutos de conocer la sentencia. Esa vía también queda pendiente del alcance y de los tiempos que pueda tener la ley de amnistía.
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