Seis asociaciones de jueces y fiscales han denunciado este jueves el incumplimiento por parte del Gobierno del "punto esencial" del acuerdo alcanzado el pasado mes de mayo: el incremento de 100 plazas de acceso a las carreras judicial y fiscal para el año 2023. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la convocatoria de oposiciones a juez y a fiscal, con 120 plazas de acceso a la carrera judicial y 80 para los aspirantes a fiscal, exactamente las mismas que se establecieron el año pasado. 

"Parece que este acuerdo no se va a cumplir", han lamentado las asociaciones tras conocer la convocatoria, que supone el incumplimiento parcial del acuerdo al que se llegó en la Mesa de Retribuciones reunida el pasado mayo ante la amenaza inminente de una huelga de jueces y fiscales. Según han confirmado a 20minutos fuentes del Ministerio de Justicia, el incremento de plazas no se ha implementado porque la medida exigía modificar la ley de los Presupuestos Generales del Estado, "imposible" después de que el 29 de mayo se disolvieran las Cortes. 

Hace unas semanas, por otro lado, se constató el cumplimiento de una parte importante del acuerdo, una subida salarial que supone el desembolso de 46,7 millones de euros y comenzó a verse reflejada en la nómina de octubre, tal y como estaba previsto. 

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"El Gobierno cumplió, igual que nosotros cumplimos en su día desconvocando la huelga", han reconocido las asociaciones. Pero el resto del acuerdo, desde el aumento de plazas hasta la continuación de la Mesa de Retribuciones, "permanece incumplido", pese a la denuncia de las asociaciones firmantes. Además del incremento de plazas acordado para este año, el pacto incluía aumentar otras 100 plazas por carrera en 2024. 

Las seis asociaciones han reconocido que "la incierta situación política actual dificulta la aprobación de unos presupuestos" más allá de la prórroga de los de 2022, pero aseguran que el Ejecutivo podría haber ampliado las plazas. "Sabemos que, cuando se quiere, se puede", reprocha el comunicado. Los jueces y fiscales han asegurado que, más allá de la subida salarial, lo "esencial" era solucionar la "palmaria" insuficiencia  de jueces y fiscales, un problema "estructural" que no se iba a arreglar aumentando las plazas, si bien el compromiso podría servir para "paliar" la situación. 

Un año de conflictividad laboral en la Justicia

Entrado el penúltimo mes de 2023, el Ejecutivo no ha logrado extinguir los conflictos laborales que marcaron la primera mitad de año en la Administración de Justicia. Desde el mes de enero, cuando comenzó la huelga de los letrados de Justicia, hasta el día de hoy, se han cerrado dos acuerdos diferentes que no acaban de satisfacer a los trabajadores del sector. 

La situación es aún peor en lo que respecta a los funcionarios de Justicia, que tras meses de huelga desconvocaron sus protestas ante la convocatoria anticipada de elecciones sin que se atendieran sus demandas. Para más inri, las huelgas convocadas han agravado el problema de congestión de la Justicia llevándola a una situación de asfixia que afecta tanto a los ciudadanos como a los propios trabajadores de la Administración. 

Los tribunales, cada vez más asfixiados tras las huelgas en Justicia y el aumento de la litigiosidad: "No damos abasto"

También en el mes de octubre se comenzó a aplicar la subida pactada con los letrados de la administración de Justicia, de entre 430 y 450 euros por nómina, aunque debería haberse instaurado a partir de julio. Sin embargo, permanece vivo el conflicto con los funcionarios de Justicia, cuyos representantes sindicales han denunciado una y otra vez que "el Ministerio [de Justicia] se ha desentendido de todo". 

Mientras el Gobierno siga en funciones, los funcionarios no contemplan retomar la huelga que mantuvieron hasta que Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones generales, pero aseguran que continuarán con las protestas cuando haya un nuevo Ejecutivo.