La reducción progresiva de la jornada laboral de 40 horas a 37,5 es una de las medidas estrellas del pacto que firmaron ayer el PSOE y Sumar. Sin embargo, la coalición sigue sin aclarar si vinculan la puesta en marcha de la medida a que los agentes sociales -es decir, sindicatos y patronal- la firmen porque, además, dan por hecho que será así "con más o menos entusiasmo". Así se ha pronunciado la ministra de Hacienda en funciones y número dos de los socialistas, María Jesús Montero.
En una entrevista en la Cadena Ser, la titular de Hacienda ha asegurado que PSOE y Sumar van a dar "una oportunidad al diálogo y al entendimiento" con el objetivo de "rebajar la jornada laboral". La idea es tener una jornada de trabajo "que se vaya adaptando a un estilo de vida" que no pase "solo por trabajar". El cómo aplicar esta medida fue una de las discusiones que provocaron que el acuerdo se demorara. La parte socialista apostaba, como bien apuntó la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, horas antes de sellar el pacto, por dejarlo en manos de los agentes sociales. Sumar, en cambio, por hacerlo por decreto.
Un día después de firmarse el acuerdo, no parece haber una respuesta clara. Porque al ser preguntada sobre qué pasará si empresarios y sindicatos no apoyan la medida, Montero lo ha dado por hecho. "El acuerdo va a ser posible, con más o menos entusiasmo, pero estoy segura de que será posible", ha apuntado. Un optimismo que choca con la postura marcada por la patronal. Y es que, nada más conocerse el texto, CEOE, Cepyme y ATA lo rechazaron públicamente porque "va a tener un impacto negativo para la actividad de las empresas". No se mostraron absolutamente reacias a explorar "nuevas fórmulas de reparto" del tiempo del trabajo, pero pidieron hacerlo "mediante la negociación colectiva y no como consecuencia de una imposición legal". "Queremos reforzar ese instrumento [el diálogo social] y hablar de la reducción de la jornada laboral", ha apuntado en otra entrevista Nacho Álvarez, de Sumar.
En el acuerdo de Gobierno, socialistas y los de Yolanda Díaz abogan por "reducir la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial" aplicándola "de forma progresiva hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025". "A partir de entonces se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas", finaliza.
Con todo, no es la única dificultad que tendrá esta medida, puesto que también necesitará el 'sí' del PNV y de Junts, proclives a las demandas de los empresarios. Sin contar que primero se ha de conseguir su apoyo para investir de nuevo a Pedro Sánchez, unas conversaciones que "continúan" y de las que Montero sigue sin dar cuenta. "Hay que ser laborioso y cuidadoso, espero que seamos capaces de hacerlo en un tiempo razonable", ha apuntado Montero.
"Reducir" no "eliminar" los vuelos cortos
La titular de Hacienda también ha enfriado otra de las medidas más llamativas del acuerdo: la eliminación de los vuelos cortos cuando haya una alternativa en tren que dure menos de dos horas y media. Montero ha apuntado que se habla de "reducción paulatina" y no "de eliminación" de los vuelos cortos. "Lo que se dice es que aquellos trayectos que estén cubiertos ferroviariamente con itinerarios de menos de dos horas y media se irán incentivando progresivamente", ha apuntado, sabedora de la importancia de que los servicios de Renfe mejoren para sumar la demanda de los pasajeros que ahora optan por el avión. De todas formas, lo ha pospuesto "a lo largo de la legislatura".
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