OPINIÓN

El negocio de la investidura

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a su llegada a una rueda de prensa tras reunirse con el Rey Felipe VI.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
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El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a su llegada a una rueda de prensa tras reunirse con el Rey Felipe VI.

Una clave determinante en todo proceso negociador es lo que gana o pierde cada parte, con y sin acuerdo. Un negocio, sea económico o político, lo es si todas las partes ganan algo, porque si una o varias partes ganan pero otra parte pierde, entonces es un timo, no un negocio. Pedro Sánchez, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras están en la fase de alumbrar un negocio o un timo. Si hay negocio, todos estarán contentos. Y si hay timo, confían en que quien resulte timado sea el otro.

Que Junqueras y Puigdemont acepten negociar la investidura de Sánchez muestra una evidente voluntad de sostener en el poder al líder socialista, que ha demostrado su virtuosa capacidad para prometer con enorme firmeza una cosa y hacer su contraria a lo largo de los más de cinco años de estancia en la Moncloa: negarse a gobernar con Podemos y gobernar con Podemos, negarse a pactar con Bildu y pactar con Bildu, negarse a indultar a los condenados e indultarlos, y en este plan.

Ahora, Sánchez negocia con Puigdemont, a quien se comprometió a traer a España para conducirlo ante un tribunal. Y le ofrece la amnistía, que hoy es constitucional, pero que hasta el 20 de julio, tres días antes de las elecciones, –según declaraciones de Sánchez en La Sexta– era inconstitucional.

Siendo tan líquidos –incluso gaseosos– los compromisos adquiridos por el líder del PSOE, se puede entender que sus interlocutores estén esperanzados por ver cómo se les abren determinadas puertas, pero, a la vez, dubitativos sobre el cumplimiento de los acuerdos a los que se pudiera llegar, porque también esos acuerdos podrían ser líquidos –o gaseosos–. De ahí que exijan pagos por adelantado. El que no corre, vuela.

Sin embargo, hay una duda determinante en toda negociación: la duda de si el acuerdo beneficia a todas las partes. Y, en efecto, en este caso el acuerdo beneficia a todos. A Sánchez, porque con la investidura alarga su estancia en el poder, aunque resulte incómoda y compleja al depender de una miríada de partidos, en su mayoría extremistas; a Puigdemont, porque la amnistía le daría la posibilidad de volver a Cataluña sin pasar por un juzgado, ni mucho menos por un calabozo; a Esquerra, porque, previsiblemente, el Gobierno central hará concesiones económicas a la Generalitat que permitirán al Gobierno catalán gestionar cantidades de las que ahora carece, y eso ayuda a sumar votos; y a Junqueras y Puigdemont, al alimón, porque el olvido de todos sus delitos les otorgará, quizá, la opción de competir de nuevo por el poder en Cataluña.

Si a todos beneficia el pacto, la lógica dice que ese pacto será más probable. Pero la política es un campo de minas, y nadie sabe dónde estallará la siguiente.

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