Hasta que el candidato a la investidura no forme gobierno, el Congreso no recuperará su plena actividad legislativa. Esta es la teoría que manejan en el Grupo Parlamentario Popular y con la que buscan presionar a la Presidencia de la Cámara Baja para evitar que esté "sin funcionar" durante meses; incluso hasta seis, ya que calculan que Pedro Sánchez podría apurar hasta finales de noviembre para lograr su nuevo Ejecutivo. En el PP señalan a Francina Armengol como principal artífice y a su deseo de "evitar un desgaste a Sánchez". La Presidencia de la Cámara, por su parte, insiste en que no está bloqueando "nada" y que la próxima semana convocará la Mesa y la Junta de Portavoces habituales.

Recién cumplidos los tres meses desde que se constituyeran las Cortes Generales, la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra salía a rueda de prensa para denunciar el "secuestro" del Congreso por parte de la socialista Armengol, a quien exigía este martes que "abra y retome el funcionamiento normal" de la Cámara Baja, como hace ya el Senado. De ahí los reproches de los populares, quienes creen que la Cámara Baja está en las mismas condiciones para funcionar que la Alta -donde continúa la actividad- y así poder ejercer la labor de oposición al Gobierno. Pero es precisamente este motivo por el que los populares están seguros de que Armengol "intenta" tener "cerrado" el Congreso: "Para no haya control al Gobierno". 

Así, varios diputados consultados coinciden en que la presidenta tiene la intención de parar el Congreso "hasta que haya gobierno" para "proteger" a los socialistas y no "desgastarles" en plenas negociaciones para el debate de investidura de Pedro Sánchez. Y es que, por ejemplo, al no haberse convocado esta semana la Mesa ni la Junta de Portavoces, no se ha podido tener en cuenta la solicitud del PP para que comparezcan el ministro Albares en Pleno del Congreso para que explique la posición de España en relación con los atentados terroristas de Hamás en Israel y la guerra posterior. 

También han quedado "atascadas" otras peticiones que tenían guardadas para esta semana, como que Pedro Sánchez informe sobre los Consejos Europeos que se han celebrado y el ministro Fernando Grande-Marlaska dé cuenta de las medidas que se están adoptando en relación con la crisis migratoria en Canarias. "Un poder del Estado, el Legislativo, secuestrado, y 350 diputados con sus derechos cercenados", concluyen otras fuentes parlamentarias de esta situación. 

Por el contrario, Presidencia del Congreso niega que tenga "nada" secuestrado, ni por no haber fijado aún fecha de la investidura de Sánchez ni por no haber convocado esta semana la Mesa o la Junta de Portavoces. "El Reglamento no rige que se tengan que celebrar con una periodicidad concreta", explican fuentes de Presidencia, al tiempo que avanzan que convocará estos órganos la semana que viene. "Los asuntos que estaban esta semana pendientes irán en la Mesa de la próxima semana". Sea cual fuere el motivo real de la presidenta, el Congreso cumplía este martes dos meses sin plena actividad parlamentaria.

El precedente del TC que se le vuelve en contra al PSOE

A toda esta polémica se suma un precedente. Hace siete años, el Tribunal Constitucional determinó que un gobierno en funciones debe ser sometido a control por parte de los grupos parlamentarios. Fue a raíz del recurso del PSOE después de que el Gobierno de Mariano Rajoy se negara a comparecer a petición de la oposición. El tribunal de garantías sentencio que un Ejecutivo en funciones sí que puede ser controlado por el Parlamento. 

Este precedente es el que ahora usan los populares para exigir a los socialistas que cumplan con la sentencia que en su día les dio un éxito judicial. "El PSOE finalmente consiguió una sentencia del TC respaldara que un Gobierno en funciones pueda ser controlado por el Parlamento", remarcan ahora los populares. En cambio, en Presidencia de la Cámara Baja matizan que dicha sentencia lo que permite es que se puedan "realizar Plenos, pero para hablar y fiscalizar al Gobierno en funciones". 

Así justifica el equipo de Armengol que entre sus funciones no quepa la fiscalización. "Las atribuciones del Gobierno en funciones son facilitar el desarrollo del proceso de formación de un nuevo Gobierno, así como traspasar los poderes a este; limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos y abstenerse de adoptar otras medidas, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique".