La Comisión Europea calcula que en la UE hay millones de teléfonos móviles, ordenadores portátiles y tabletas cuyos propietarios ya no utilizan y almacenan en sus casas. En concreto, estima que solo el 5% de los móviles se reutilizan y que hay unos 700 millones inutilizados y en  casas de los ciudadanos. Consciente de que el reciclaje de estos artefactos sería un buen ejercicio de economía circular, con beneficios sobre el empleo y la recuperación de materiales críticos, estudia cómo hacer que los usuarios los entreguen, con medidas voluntarias pero también quizá obligatorias, en lugar de tenerlo en casa y para eso valora la posibilidad de ofrecerles "bonos" o "descuentos".

Esta es una de las opciones de la que el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha expuesto este lunes a los ministros europeos de Medio Ambiente, en una discusión en el Consejo en el que esta iniciativa no solo ha recibido ninguna objeción parte de los gobiernos de la UE, sino que ha encontrado con la petición de Francia de que después se extienda a otros dispositivos, como los aspiradores.

Según ha explicado Sinkevicius, el índice de entrega de teléfonos móviles y tabletas para que sea reutilizado "sigue siendo bajo" en la UE, donde la recogida de móviles solo llega al 5% de los existentes y "hay 700 millones de móviles almacenados en casas".

Entrega y reutilización

La Comisión quiere hacer de la reutilización de estos dispositivos un elemento de la Economía Circular, convencida de que "puede crear un número enorme de empleos por cada tonelada de material" recuperado y estudia distintos tipos de incentivos para hacer que los ciudadanos se desprendan de ellos.

"Vales, descuentos", ha apuntado el comisario ante los ministros. También que puedan encargarse de esta recogida los servicios postales de cada país, "para facilitar la tarea a los usuarios" y dar una mayor visibilidad a estos u otros puntos de recogida. También analiza la posibilidad de que los usuarios puedan estimar el valor de los aparatos que ya no utilizan y que podrían revender a la compañía a las que se los compraron.

Además de facilidades para animar a hacer una entrega voluntaria, Sinkevicius ha recordado a los ministros que la Comisión puede entrar en materia de política de consumidores para introducir "nuevos requisitos" para que teléfonos y tabletas" puedan tener una mayo vida útil.

Tratamiento de aguas urbanas

También en el Consejo de Medio Ambiente de este lunes en Luxemburgo, los ministros han alcanzado un acuerdo para extender a ciudades más pequeñas de las que ahora están obligadas por ley a tener sistemas de tratamiento de aguas y para que las compañías farmacéuticas o de productos cosméticos que contribuyen a la microcontaminación de las mismas contribuyan en mayor medida a esta depuración. De esta forma, se ha impuesto el principio de que "quien contamina paga" en una norma que ahora emprenderá la recta final, la negociación con el Parlamento Europeo, para su actualización. 

Los Veintisiete han cerrado su posición con respecto a la reforma de la Directiva del tratamiento de aguas urbanas en el Consejo de Medio Ambiente para extender la obligación de tratar las aguas a las ciudades de a partir de una población equivalente de 1.250 habitantes -la magnitud para calcular el potencial de contaminación del agua -eliminación de sustancias biodegradables- por una persona al día- la obligación de hacer tratamiento secundario de aguas que ahora solo era obligatoria en las localidades de a partir de población equivalente de 2.000 personas. 

Para 2045, las depuradoras en lugares con más de 150.000 población estimada deberán hacer tratamiento terciario (eliminación de nitrógeno y fósforo), que también será obligatorio en localidades más pequeñas con riesgo de eutrofización (una de las principales causas de contaminación de los lagos y embalses) pero quedan exentas las aguas urbanas que sea reutilizadas para riego agrícola y que no suponga riegos para la salud ni el medio ambiente. Un cuarto nivel de tratamiento, para eliminar microcontaminantes será obligatorio en ciudades de población estimada de más de 200.000 en 2045, con objetivos intermedios para 2035 y 2040.

Los Veintisiete también han acordado que farmacéuticas y productoras de cosméticos, responsables de los microcontaminantes que llegan a las aguas urbanas, contribuyan a su limpieza mediante un sistema de "responsabilidad extendida de productor" para contribuir a este coste. Deberá aplicarse a "cualquier producto que se comercialice en el mercado, en cualquier país y mediante cualquier medio".

Los Veintisiete han rebajado la propuesta de la Comisión en cuanto al plazo para que lo hagan -de 2030 hasta 2035- y han introducido algunas derogaciones para las poblaciones más pequeñas y para todos los países que se unieron a la UE después de 2004 -todos los del Este-, que dispondrán de entre ocho y 12 años más para cumplir con una ley que, según la consultora iAgua afectará particularmente a países como España e Italia, con mayor número de depuradoras que, por ese motivo, tendrán que hacer más inversiones para adecuarse a la nueva ley, que también prevé que para 2045 todas las plantas de tratamiento de aguas urbanas deberán producir la energía que ellas mismas consuman, de fuentes renovables.