Solo un tercio está contento con la eficiencia energética en su hogar pero el precio de las reformas o el desacuerdo vecinal las frena

Solo una de cada tres personas en España dice estar satisfecha por el grado de eficiencia energética de su casa, de la comodidad ante episodios de calor o fríos extremos y el pago de la factura de la energía es, después del coste de la compra, el principal motivo de preocupación económica en el próximo año. Sin embargo, una mayoría -el 55%- dice haber aparcado o cancelado planes para hacer obras o renovar instalaciones que abaraten el coste de la calefacción o de la luz, debido en el 48% de los casos a su alto precio y en el 20%, a no ponerse de acuerdo con sus vecinos. Así lo indica un estudio publicado justo cuando la UE encara la negociación final para elevar la obligación que deberán cumplir sus países en los próximos años para disponer de edificios públicos y privados que consuman menos energía. 

El Consejo de la UE, la Comisión y el Parlamento intentarán a partir de este jueves llegar a un acuerdo para actualizar la Directiva sobre eficiencia energética de los edificios que, en la práctica, obligará al Gobierno a elaborar un plan nacional para rehabilitar viviendas, escuelas, hospitales y otros edificios, para ir abandonando los combustibles fósiles y reemplazándolos por bombas de calor o por instalaciones renovables, empezando por los que derrochen más energía.

Todo queda en casa: poner la lavadora desde la batería del coche... o elegir cuánta luz va de la placa a calefacción o al termo de agua

Ante esta inminente regulación, una encuesta en España de la empresa británica Savanta muestra que el 52% apoyaría que la UE mejorara los  requisitos de eficiencia, al menos para los edificios que lo son menos y baja a 49% el número de quienes apoyan una de las medidas que podría contemplar la nueva regulación europea, el abandono de las calderas de gas y su sustitución por bombas de calor.

Según la consultora, Guidehouse, el parque inmobiliario representa el 30% del consumo total de energía en España, donde el 80% de los edificios se consideran ineficientes desde el punto de vista energético, empezando por que el 51% se construyó antes incluso de que existieran requisitos básicos de aislamiento térmico.

50.000 millones de beneficio

Con la nueva directiva, la UE quiere actualizar las obligaciones que deben cumplir edificios públicos y privados para consumir menos energía y facilitar un mayor confort, con los que luchará contra el cambio climático y también contra la pobreza energética, porque precisamente son las personas con menos recursos son las que viven en edificios ineficientes que, por ese motivo, gastan más energía. Guidehouse calcula que la inversión necesaria para rehabilitar los inmuebles menos eficientes en España sería de 46.000 millones, pero arrojaría un beneficio -en términos de ahorro- de 50.000 en 20 años. Teniendo en cuenta unos tipos de interés al 3%, estima el ahorro en un 7%.

Lo que tienen sobre la mesa ahora las tres instituciones de la UE es llegar a un acuerdo para descarbonizar los edificios y lograr que sean cero emisiones en 2050. Como parada previa, la Comisión planteaba en su propuesta base que todos los edificios públicos alcanzaran este objetivo en  conseguir que todos los nuevos edificios sean de cero emisiones en 2030 y en 2028 en el caso de los nuevos edificios públicos. Para los ya existentes, Bruselas planteaba que se fijara unos niveles mínimos de funcionamiento energético que obligaría a que los edificios no residenciales con la categoría inferior (G) subiera a categoría F en 2027 y un escalón más, a categoría E, en 2030. En el caso de los edificios de vivienda, esta progresión debía darse en 2030 para la categoría F y en 033 con la E.

En sus respectivos acuerdos para la negociación, el Consejo de la UE -los gobiernos- y el Parlamento eliminaron estos niveles mínimos, que los gobiernos europeos quieren reemplazar por el cumplimiento de un umbral máximo de rendimiento energético. Sobre los plazos, el Consejo apuesta por retrasar de 2027 a 2028 el año en que todos los nuevos edificios públicos deberán ser de cero emisiones, con excepciones para lugares históricos o sedes del ejército o Defensa, mientras que se exigirá que los de viviendas tengan categoría D en 2033 y la mejoren en 2040 y 2050 en base a políticas nacionales. Por su parte, el Parlamento Europeo quiere que todos los edificios sean emisiones cero para 2028 y los públicos dos años antes, en 2026, y que en 2028 todos tengan tecnologías solares, que se retrasarían hasta 2032 en edificios de viviendas que requieran grandes reformas. Dentro de las excepciones a estos plazos, la Eurocámara quiere incluir también las viviendas sociales donde la rehabilitación pueda conducir a un incremento de los alquileres que no se compense con una rebaja de las facturas de luz o gas.

En este contexto, la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) y otras 12 organizaciones españolas se han unido a otras 80 de otros países en la campaña "Construir vidas mejores"  (Build Better Lives) que pide a la UE una transición socialmente justa y ambiciosa en nuestros edificios. 

Preocupación por precio y salud

Savanta condujo en septiembre una encuesta online entre 1.012 que concluyó que el pago de las facturas energéticas es la segunda mayor preocupación financiera (36%) para los hogares de cara al próximo año, solo superada por la cesta de la compra (51%) y que en ambos ha crecido desde el año pasado. Esta preocupación es más a largo plazo que en lo inmediato, puesto que 39% dijo estar entre preocupado y muy preocupado sobre la factura este mes y 46% se mostró de esa manera cuando se trata de cuánto le costará la energía dentro de entre uno y cinco años. 

Además, el 41% pide que el Gobierno apoye las renovaciones para hacer las casas más eficientes mientras que el 34% preferiría ayudas para una calefacción más barata en el largo plazo y el 29%, subsidios pagar las facturas en el corto plazo.

Debido al elevado coste de la electricidad o el gas, el 69% dijo haber recortado, más o menos, el consumo de energía, el 62% haber acortado sus vacaciones por ese motivo y el 59% haber cambiado en mayor o menor medida sus medios de transporte. La encuesta concluye que el 60% de los españoles que gana menos de 30.000 euros al año han recortado e gasto en asistencia sanitaria o dentistas.

Unido a la cuestión económica, el estudio también mostró los miedos y preocupaciones de los ciudadanos con respecto al grado de confort de sus hogares para ellos mismos y sus hijos o mayores ante efectos del cambio climático como un exceso de calor, una cuestión que también trata de afrontar la rehabilitación energética de los edificios. En concreto, el 18% dijo estar "inseguro" en distintos grados en su casa durante los inviernos más fríos, un 22% en el caso de las olas de calor y un 21% ante eventos climáticos extremos.

El 33% dijo haber tenido dificultades para mantener una temperatura confortable durante olas de calor y el 30% durante el invierno y el 41% de los padres con niños de menos de dos años consultados dijo no haber podido mantener sus casas con una temperatura adecuada en los días muy calurosos. En el otro extremo de edad, el 54% dijo estar preocupado o muy preocupado por el impacto de las elevadas temperaturas entre los más mayores -el 55% en el caso de los niños- y el 49% teme que esto pueda afectar a la esperanza de vida de sus seres queridos.

Según este estudio, el 52% dijo haber experimentado problemas de salud ante episodios de mucho calor o mucho frío, el 52% rabia, el 53% bajones de ánimo y el 56% ansiedad. En estos momentos, el 66% dijo dormir mal y el 57% tuvo dificultades para concentrarse.