La intención es clara: hay que restringir el acceso de los menores a la pornografía. Pero el cómo hacerlo es lo que está alejando ese horizonte, pues entra en juego otro asunto que es igualmente importante: la privacidad. Decenas de entidades, expertos, instituciones y representantes políticos llevan tiempo abordando esta problemática, que ya está dejando graves consecuencias en el desarrollo cognitivo de una generación que accede a este tipo de contenidos por primera vez entre los 9 y los 11 años. "Los primeros niños pornonativos de la historia", según alerta la asociación Dale una Vuelta en su última campaña Generación XXX. 

"Ha llegado el momento de dar un paso adelante. De implementar una serie de medidas para proteger al menor. Nuestra experiencia en estos años es que el consumo de pornografía deja huella, mayor o menor, tanto en adolescentes como en adultos", ha asegurado este lunes el director de la asociación, Jorge Gutiérrez, durante una Sesión de Trabajo en la Oficina del Parlamento Europeo en España con europarlamentarios y expertos en derechos y tecnología.  "Lo que es evidente es que los más pequeños son siempre los más vulnerables y necesitan por eso más protección", ha añadido, enumerando algunas de las secuelas de ese primer contacto tan temprano, como "adicciones", "agresividad" o "disfunciones sexuales". 

Pero el tema, tal y como ha subrayado Ana Caballero, vicepresidenta Asociación Europea para la Transición Digital, es muy complejo desde el punto de vista social, médico, legislativo y regulatorio. "Sabemos que la tecnología va más rápido que los legisladores, y queremos conocer de mano de los expertos cuál es la situación actual en relación con el acceso a la pornografía. Necesitamos tiempo para ver cómo implementarlo y qué problemas vamos a encontrarnos", ha señalado.

'Generación XXX', la campaña que exige un control en el acceso de los menores al porno: "Tienden a normalizar y erotizar la violencia"

La normativa existe, tanto a nivel europeo como en España. El problema es la dificultad de implementarlo. Valentina Milano, experta en derecho internacional e investigadora, ha enumerado en la mesa redonda de este lunes las iniciativas que existen en ese sentido; como la directiva de servicios de comunicación audiovisual, o la ley de comunicación audiovisual que fija la obligación de proteger a los menores de edad de contenido perjudicial. Sin embargo, su implementación corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ya ha indicado que "no existe un procedimiento para una intervención eficaz para sancionar y bloquear el acceso de los menores a la pornografía", como sí ocurre en otros países como Alemania o Francia. 

Milano —que también fue responsable de un estudio jurídico sobre pornografía en Islas Baleares publicado este año— ha explicado que la propia CNMC ha hecho un "llamamiento" para que el Gobierno incorpore en el nuevo real decreto de proveedores audiovisuales las herramientas necesarias para poder restringir ese acceso a ciertas páginas. 

Pero ha de hacerse, según ha subrayado la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, garantizando la privacidad de las personas adultas, y no obligarlas a que se identifiquen con nombres y apellidos cuando entren en webs pornográficas. "Ya hay mecanismos que permiten garantizar esa privacidad del adulto, pero tenemos que proteger a los menores en un momento clave en su desarrollo", ha insistido, explicando que ya se está trabajando en ese sentido con el Ministerio del Interior y con la Fábrica de Moneda y Timbre, encargada, entre otras cosas, de expedir documentos oficiales y prestar servicios de certificación. "Espero que en los próximos meses podamos publicar ya estos criterios de verificación de edad", ha añadido. 

Un certificado de "atributos"

José María Deza, Jefe de Área de Documentos de Identificación y Tarjetas de la Fábrica de Moneda y Timbre, ha reconocido también que el control de edad a través de una red como Internet es complicado. "Se están trabajando distintas alternativas", ha aseverado, enumerando algunos ejemplos que ya están en funcionamiento, que tienen sus "ventajas e inconvenientes".

Los certificados electrónicos, que permiten acreditar la identidad del usuario a través de Internet, y ya se usa para ciertos documentos como los DNIs electrónicos, para ver los puntos del carnet de conducir o consultar la vida laboral. "Es algo que está probado y funciona, pero hay un inconveniente relevante: va ligado a nuestro nombre, apellidos y número de DNI. Quizás para este tipo de usos no sea el más adecuado", ha explicado. Como "variante" de este último, ha añadido, existe también un certificado electrónico exclusivamente "de atributos". Es decir, que basado únicamente en una información, en este caso la mayoría de edad. "Este sí proporcionaría cierto anonimato", ha reconocido. Este es precisamente elque estudia implantar la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), tal y como ha avanzado Mar España, que espera tener una solución efectiva y definitiva para el año que viene

Más de 70 organizaciones de infancia exigen un Pacto de Estado para la protección de los menores en internet y las redes sociales

Luego están las credenciales verificables basadas en el blockchain. Son como carteras digitales que pueden llevarse en el teléfono móvil y habilitan la posibilidad de ceder solo parte de la información recopilada, en este caso, de nuevo, la mayoría de edad. Y, por último, están los llamados "tokens de edad", identificadores digitales emitidos por una "entidad de confianza". El inconveniente, ha señalado Deza, es que se trata de un mecanismo que está todavía "por definir".

El objetivo no es otro que mantener el equilibrio entre la protección de los menores y la privacidad de los datos de estos menores. "La pornografía se está convirtiendo en la escuela de sexo de nuestros niños. Están encontrando las respuestas antes de tener las preguntas", ha alertado Laura Baena, presidenta del Club Malasmadres. "Estamos perdiendo un tiempo precioso y arriesgándonos a tener una generación perdida", ha concluido la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés.