El Gobierno inicia los trámites para estudiar los indultos solicitados por Griñán y otros condenados por el caso ERE

El Ministerio de Justicia ha solicitado a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla un informe sobre las peticiones de indulto de los ex altos cargos socialistas condenados por el caso de los ERE de Andalucía, según ha adelantado ABC y ha confirmado el Ejecutivo central. "A fin de llevar a cabo la tramitación oportuna" de los indultos, la División de Derechos de Gracia y otros Derechos, que depende de la cartera de Pilar Llop, ha reclamado a través de un oficio al tribunal de Sevilla un análisis de la situación de nueve condenados por la sentencia de la Audiencia Provincial, ratificada por el Tribunal Supremo. 

Según ha declarado este lunes la ministra Llop, el procedimiento que se ha iniciado no tiene nada de extraordinario. El de Griñán se tramita "como todos los indultos", ha repetido en varias ocasiones. Ha acotado que la petición de indultos "ahora está en fase judicial y seguirá su tramitación en fase ordinaria" y ha subrayado que "todos los indultos se tramitan de la misma manera". En todo caso, la titular de Justicia ha recordado que "mientras el Gobierno está en funciones no se pueden conceder indultos". 

Griñán renuncia a pedir al Constitucional que suspenda su entrada en prisión por los ERE, pero mantiene su recurso

Han reclamado el indulto el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, el exdirector general de Trabajo Juan Márquez y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román. 

La Audiencia Provincial de Sevilla emitió varias diligencias de ordenación el 28 de septiembre tras recibir el oficio de la División de Derechos de Gracia. En ellas, la letrada María Belén Pascual Hernando solicita las hojas histórico-penales de los condenados y habilita a la Junta de Andalucía, como perjudicada, a manifestar su acuerdo o desacuerdo con la concesión del indulto. También ordena la emisión del expediente a la Fiscalía para que emita un informe preceptivo. 

Doce recursos ante el Tribunal Constitucional

Paralelamente a la petición de los indultos, los condenados trabajan en una segunda vía para tratar de evitar el cumplimiento de su pena a través del Tribunal Constitucional. De entre los doce condenados por el caso de los ERE, solo seis se encuentran actualmente en prisión. El expresidente de la Junta José Antonio Griñán nunca llegó a entrar en la cárcel porque la Audiencia Provincial de Sevilla dictó el pasado junio que su ingreso era desaconsejable porque sufre actualmente un cáncer de próstata. 

La suspensión de la pena de prisión para Griñán tiene una vigencia de cinco años. Por otro lado, el exconsejero Antonio Viera pasó a un régimen de semilibertad el pasado 9 de junio -también a causa de un cáncer- tras haber ingresado en la cárcel el pasado 2 de enero. 

Los que actualmente permanecen en prisión solicitaron al tribunal de garantías que suspendiera cautelarmente la pena de privación de libertad que recae sobre ellos mientras se delibera sobre el fondo del asunto, la sentencia del Tribunal Supremo. 

El pasado 26 de septiembre, el Constitucional rechazó esta medida cautelar que, de haberse aplicado, habría afectado a Vallejo, Rodríguez, Fernández, Martínez Aguayo, Serrano y Barberá. Quedan por resolver los 12 recursos de amparo presentados ante el órgano de garantías ante la supuesta vulneración de derechos fundamentales. El asunto fue admitido a trámite en junio de este mismo año y se prevé que el tribunal lo estudie en los próximos meses. 

De aceptarse los recursos de amparo, quedaría sin efecto la sentencia emitida en julio del año pasado por el Tribunal Supremo, que considera que entre el año 2000 y el 2009 el Gobierno andaluz creó un sistema de ayudas que pretendía evitar todo el control administrativo sobre el dinero público, del que la cúpula de la Junta disponía "de forma discrecional" y al margen de la legalidad. Según ratificó el tribunal, el sistema creado por los ex altos cargos de la Junta había sustraído hasta 680 millones de euros de fondos públicos.