El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha concluido este viernes que el rey emérito, Juan Carlos I, no puede ser juzgado en Reino Unido por la demanda por presunto acoso que presentó Corinna Larsen para reclamarle 126 millones de libras (unos 146 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios.

"Mi conclusión principal es que el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales carece de competencia para conocer de esta reclamación. Esto se debe a que no se ha interpuesto contra el demandado en su país de domicilio, como es su derecho por defecto; y la demandante no me ha convencido de que tenga argumentos sólidos y defendibles de que su reclamo cae dentro de una excepción a esa regla predeterminada", ha señalado la juez Collins Rice.

La decisión se ha dado a conocer después de que el pasado julio el tribunal escuchara las alegaciones de la defensa de Juan Carlos I, a cargo del bufete británico Velitor Law.

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El rey emérito se ha mostrado "muy satisfecho" tras enterarse del fallo de Londres. "Se ha hecho Justicia", ha dicho. En un comunicado, el monarca ha celebrado que los tribunales ingleses hayan "rechazado total y concluyentemente la demanda interpuesta" en su contra. Juan Carlos I ha hecho hincapié en que la juez Rowena Collins Rice calificó la reclamación de Larsen de "especulativa" y "extraña" en su sentencia, señalando que la demandante no había aportado pruebas suficientes para respaldar sus alegaciones, a pesar de haber iniciado el procedimiento judicial inglés contra Su Majestad casi hace tres años.

Además, el comunicado apunta a que "su majestad siempre ha considerado que la reclamación presentada por la demandante carece de sustancia o mérito. Su enfático rechazo de todas las acusaciones de acoso presentadas por el demandante también fue señalado por el Tribunal de Apelación en su sentencia de diciembre de 2022, y los tribunales ingleses ahora han desestimado y desestimado el reclamo en su totalidad".

Por otro lado, los abogados de Corinna Larsen han explicaco que su defendida estaba "decepcionada" con la resolución y dispuesta a estudiar los recursos pertinentes. Su comunicado prosigue: "El acoso tiene un impacto profundo y duradero en las personas, y es crucial que nuestros procesos legales proporcionen recursos adecuados a quienes lo hayan sufrido. La intimidación y el acoso hacia mí y mis hijos continúan y tienen como objetivo destruirme por completo".

Una solicitud para desestimar

El equipo jurídico del rey emérito solicitó en julio que se desestimara la demanda de Larsen al considerar que los tribunales de Reino Unido no eran los competentes para conocer de esta demanda. La defensa se basó en el artículo 4 de la regulación de la UE sobre jurisdicción, el cual establece que las personas domiciliadas en un Estado miembro, independientemente de su nacionalidad, deben ser demandadas ante los tribunales de ese país.

Los abogados expusieron en su escrito,  que la regulación comunitaria operaba en este caso concreto porque se inició antes de que acabara el periodo de transición para el Brexit, hasta el 31 de diciembre de 2020.

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Así, insistieron en que los tribunales españoles eran los competentes para ocuparse de la demanda de Larsen. A ello, añadieron que "la cuestión clave" era si, en relación con los supuestos actos de acoso, Reino Unido era el lugar donde se produjo el presunto 'evento dañino' o el 'daño directo', algo que, según apuntaron, los abogados de Larsen no habían demostrado.

La "falta de credibilidad" de Corinna

Otro de los argumentos esgrimidos por la defensa fue "la evidente falta de credibilidad de la demandante". A este respecto, pusieron de relieve que Larsen había solicitado permiso para hacer una nueva modificación a su demanda original. "Como sus predecesoras, es incoherente, internamente contradictoria y manifiestamente mala en términos legales", apuntó la defensa del rey emérito.

En este punto, negó la existencia de "una pauta de conducta" de acoso atribuible al antiguo monarca, reprochando a Larsen que se limitase a relatar "varios incidentes" que, a juicio de la defensa, "son altamente diferentes en cuanto a su naturaleza, tienen lugar de forma esporádica a lo largo de varios años y fueron llevados a cabo por distintas personas (no siempre el demandando) contra diversos objetivos (no siempre la demandada).

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Además, subrayó que las afirmaciones de Larsen —que Juan Carlos I "niega enfáticamente"— no solo son "falsas" sino también "inconsistentes con las declaraciones públicas hechas por ella" antes del litigio.

De hecho, recordó que, tras la abdicación de Juan Carlos I, el 14 de junio de 2014, Larsen "emitió un comunicado de afecto" donde le describe como "un hombre de una profunda humanidad y valentía, un leal y siempre atento amigo", además de un "gigante de la Historia".

Por otro lado, la defensa mostró su malestar por el hecho de que "las acusaciones implican un presunto abuso de poder inconsistente con el importante papel del demandado en la Transición de España hacia una exitosa democracia parlamentaria, y con su largo periodo de servicio como soberano".

La inmunidad de Don Juan Carlos

Las fuentes consultadas señalaron que el objetivo aquella vista de cuatro días era abordar las cuestiones preliminares que quedaron pendientes hasta que se resolviera el alcance de la inmunidad del antiguo monarca.

Fue el pasado 6 de diciembre cuando el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales estableció que Don Juan Carlos goza de inmunidad respecto a las actuaciones previas a su abdicación como Rey de España, en 2014.

Esta decisión judicial implica que la demanda de Larsen, que sitúa el marco temporal del presunto acoso entre 2012 y 2020, solo podría seguirse ante los tribunales británicos por lo ocurrido a partir de 2014.

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La empresaria relató en su demanda que Juan Carlos I la habría acosado después de que ella pusiera fin a la relación que habían mantenido. Primero para procurar que la retomaran y después a modo de venganza para perjudicarla en sus negocios, de acuerdo con Larsen.

Reclamó al rey emérito una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la "instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección" y por la contratación a "ex diplomáticos y ex funcionarios del Gobierno" para que interviniesen con el fin de "poner fin al acoso" que dice haber recibido.