La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado finalmente a un año de cárcel su petición de condena para el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps (PP) por las presuntas adjudicaciones irregulares a la trama Gürtel durante su etapa al frente del gobierno autonómico. Antes del juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional, el Ministerio Público había pedido dos años y seis meses de prisión por los delitos de prevaricación y fraude, pero ahora ha descartado este último, lo que supone rebajar en un año y medio la petición de condena. Al año de prisión, el fiscal añade en sus conclusiones definitivas la inhabilitación del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación para cargo público durante seis años.

En su exposición, la Fiscalía ha acusado a Camps de haber dado instrucciones para adjudivar un contrato a Orange Market, filial en la Comunitat Valenciana de la red corrupta liderada por Francisco Correa, en 2009. En concreto, el stand de Grandes Proyectos en la feria Fitur de Madrid.

De este modo, Anticorrupción ha retirado al expresidente de la Generalitat el delito de fraude y ha solicitado para él un año de prisión, seis de inhabilitación y una multa de 250.000 euros por tráfico de influencias en concurso ideal con prevaricación.

La Fiscalía ha contemplado además las atenuantes muy cualificadas de confesión para la decena de acusados que reconocieron los hechos por los que se les acusa, entre los que se encuentran los considerados tres cabecillas de la trama Gürtel, que ya cumplen elevadas condenas.

Este juicio de una ramificación de la macrocausa, en el que también están acusados tres exconsellers de Camps y varios ex altos cargos, se centra en presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas a la empresa Orange Market en la Comunitat Valenciana entre 2004 y 2009.

Para el líder de Gürtel, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, y para el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', Anticorrupción finalmente solicita una condena de dos años y tres meses de prisión respectivamente por un delito continuado de tráfico de influencias en concurso con un delito de prevaricación, por un delito de falsedad en documento mercantil y por otro de malversación de caudales públicos.

El entonces titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, José de la Mata, abrió juicio oral por este asunto en septiembre de 2019 sentando en el banquillo a Camps al considerar que había "un arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado, que permite afirmar que el entonces presidente de la Generalitat participó en el direccionamiento del contrato de Fitur 2009 a favor de Orange Market".

De acuerdo con el relato judicial, Correa, Crespo, El Bigotes, y el gerente de Orange Market, Cándido Herrero, "se concertaron con Camps para que este, como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato del montaje del stand de Grandes Proyectos de Fitur fuera directamente adjudicado a Orange Market".