El peligro acecha a los niños en sus propias casas o entre sus círculos más cercanos. En ocho de cada diez casos de agresiones sexuales a menores de edad, los agresores son personas conocidas o incluso familiares, y más de la mitad son condenados a menos de cinco años de prisión. La edad media de las víctimas suele ser en torno a los 11 años, en la mayoría de casos (el 80,2%) la víctima es una niña o chica adolescente, y en casi el 4% tenía algún tipo de discapacidad. 

Un exhaustivo análisis de cerca de 400 sentencias judiciales en España elaborado por Save the Children concluye también que casi ningún agresor de menores tiene antecedentes penales por violencia sexual, y subraya la necesidad de contar con juzgados especializados para garantizar los derechos de las víctimas infantiles.

La organización recuerda, además, que pese a la gravedad de los abusos sexuales a menores, la violencia contra la infancia y la adolescencia es todavía algo muy oculto. Solo conocemos "la punta del iceberg", según subraya Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política en Save the Children. Concretamente, se estima que solo el 15% de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse, lo que significaría que las 8.317 querellas por delitos contra la libertad sexual a niños y adolescentes registrados en 2021 por el Ministerio de Igualdad serían, en verdad, muchísimas más. 

"Todavía existe la creencia colectiva de que estos casos apenas existen y de que si un niño o niña fuese abusado en nuestro entorno nos daríamos cuenta, pero los datos evidencian que no es así", asevera Perazzo.

"Ley del silencio"

Los espacios en los que los menores de edad suelen sufrir este tipo de violencia son habitualmente en los que pasan más tiempo. El entorno familiar (40,6%) y el entorno conocido no familiar (42,3%) son los más comunes; frente a los entornos desconocidos que, sin embargo, han experimentado una subida de más de un punto porcentual desde 2019/2020, hasta representar el 17,2% de los casos de abusos sexuales a menores. 

Que los allegados sean, precisamente, quienes suelen agredir a los menores de edad contribuye especialmente a la falta de detección de los casos de violencia sexual en la infancia. Según detalla Perazzo, lo que ocurre es que en muchas ocasiones los niños no se atreven a romper con esa "ley del silencio", precisamente por tratarse de una persona "que debería de estar cuidándolos". 

Las madres son, además, las que suelen dar la voz de alarma. Ellas destapan el caso en casi tres de cada diez ocasiones (28%), seguidas de las propias víctimas que denuncian su situación en el 20% de los casos. Sin embargo, el señalamiento en otros entornos externos en los que puede también llegar a detectarse algún tipo de violencia, como el ámbito educativo o el sanitario, apenas representan el 2% de los sujetos de denuncia. 

Juicios largos y revictimizantes

El testimonio del niño o la niña es una de las pruebas más importantes en los casos de abuso sexual en la infancia. La manera de "cuidar" ese testimonio en el procedimiento judicial, subraya Perazzo, es la prueba preconstituida, que consiste en grabar la entrevista para que la víctima no tenga que "revivir constantemente la situación de violencia". Pero el estudio demuestra que esto no ocurre en la mayoría de los casos, y que los niños y niñas siguen teniendo que declarar más de tres veces a la policía. O, dicho de otra forma, apenas en uno de cada cinco sentencias (24,9%), se utilizó la prueba preconstituida. 

Algo así le sucedió a Carmen Corrales, superviviente de violencia sexual en la infancia que tuvo que declarar cinco veces ante diferentes instituciones: "Eran sitios muy oscuros, con cámaras grabándote, haciéndote un montón de preguntas varias horas, te dejaban sola, en fin, lo que no debería vivir una víctima", ha relatado la gaditana de 26 años a la que su abuelo agredió sexualmente de los 10 hasta los 14 años. 

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Para Peramazzo, una justicia "a la altura de la infancia" tiene que ser, irremediablemente, una justicia especializada. "Por eso abogamos por unos juzgados especializados en violencia contra la infancia, con una fiscalía específica y con operadores jurídicos formados de manera continua", subraya. Pone como ejemplo un modelo islandés aprobado ya como buena práctica en comunidades como Andalucía, Madrid o Navarra,, conocido como "modelo Barnhaus" o "Casa de los niños", que prevé la coordinación de todos los actores que participan en un proceso de abusos sexuales "bajo el mismo techo, donde el niño o la niña víctima acuden y solo tienen que repetir su testimonio una vez". 

La investigación de las sentencias indica también una subida considerable de los casos no resueltos en un "tiempo deseable". Según el estudio, si hace cuatro años el 67,3% de los casos se cerraban en un plazo de dos años como máximo, ahora apenas el 23,5% se resuelve en ese mismo intervalo. 

En su informe, la organización ha recordado la ley de protección a la infancia frente a la violencia, aprobada en 2021, que fija la obligación de impulsar una norma concreta para especializar a la justicia en este tipo de delitos. Sin embargo, es todavía "una deuda pendiente con las víctimas", según denuncia Save the Children, que insta a desarrollar una legislación específica que aterrice esa obligación.