La maquinaria está en marcha. El día que se considere más adecuado, Moncloa tocará corneta y el eficiente ejército que rodea al presidente, junto con sus antenas fuera del Gobierno, recibirán el argumentario para iniciar el trabajo en toda su intensidad: habrá llegado la hora de educar a los españoles (pedagogía, lo llaman con cierta condescendencia hacia el nivel intelectual de la ciudadanía) para que entiendan las bondades inimaginables de que un amplio grupo de delincuentes dejen de serlo abruptamente mediante una ley de amnistía, a la que bautizarán con ingeniosas palabras eufemísticas que permitan convencer a aquellos que ya están semiconvencidos: aquellos para los que la palabra de su líder es más válida que la verdad.

Y será entonces cuando traten de explicar (y lo harán con éxito, como tantas otras veces) que eso que todos recordamos del 1 de octubre de 2017, de las leyes de desconexión previas, de la proclamación posterior de la independencia, de los viajes de dirigentes independentistas al extranjero para insultar a España ante gobiernos e instituciones internacionales, que los disturbios en la calles de Cataluña, que la paralización del aeropuerto de El Prat por una turba, que el bloqueo al AVE en Girona, que la quema de contenedores, que los intentos de asalto a la comisaría de la Policía Nacional en Vía Layetana, que el acoso al Parlamento de Cataluña y tantas cosas más, en realidad no fueron tan graves como algunos pretenden decirnos, empezando por los jueces.

El procedimiento está engrasado, porque se ha puesto en funcionamiento muchas veces durante los cinco años de gobierno de Pedro Sánchez. Primero, cuando incluyó a Podemos en el Gobierno y convirtió en socios parlamentarios aventajados a las gentes de Esquerra y hasta de Bildu. Siendo esto muy complejo, el récord, hasta el momento, lo batió Moncloa cuando indultó a los condenados por sedición. Y, abierta la vía, mantuvo el ritmo con la eliminación de ese delito y la rebaja de la malversación. Ahora, nos encaminamos hacia la culminación de un estilo de hacer política si, como parece, se acomete la aprobación de una ley de amnistía.

En Estados Unidos, aquellos individuos que dirigieron el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 han sido condenados (uno de ellos, Henry Tarrio, a 22 años de prisión) por un delito calificado en la legislación norteamericana como "conspiración sediciosa". Aunque tiene sus propios matices, no difiere mucho del delito de sedición en el Código Penal español. Y allí, como aquí, hay quien quiere promover el debate sobre qué hacer con los sediciosos. Donald Trump ha prometido indultar a todos los condenados por conspiración sediciosa si vuelve al poder.