El tercer barómetro sobre la movilidad de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) del RACC ha constatado que la movilidad de este tipo de vehículos se ha consolidado en la capital catalana en los últimos años, aunque los usuarios han admitido tener comportamientos de riesgo.
Un 10% de los encuestados ha reconocido que tiene el patinete trucado para que vaya más rápido, seis puntos menos que el año anterior, cuando lo reconocía un 16%. Otro 54% ha afirmado que se salta los semáforos en rojo mientras que un 42% ha admitido que en alguna ocasión circula en contra sentido o por la acera para ahorrar tiempo, a pesar de que ambas situaciones están prohibidas. También un 40% ha reconocido ir más rápido de lo permitido por lo mismo.
Son datos que se han extraído de un estudio realizado por el RACC, que ha observado a más de 4.400 VMP, en su mayoría patinetes eléctricos, que circulan por los carriles bici de la ciudad y de sus accesos y de las 800 encuestas que han realizado a los usuarios de esta tipología de vehículos.
En el informe, un 83% de los encuestados ha afirmado no estar satisfecho con la accesibilidad a la circulación, pero, aunque desciende ligeramente respecto al año anterior, el 55% ha asegurado que se siente vulnerable cuando circula con patinete por la ciudad, siendo los vehículos de motor los que más generan inseguridad por la diferencia de velocidad, el tamaño y el volumen de tránsito.
1 de cada 7 usuarios asegura haber tenido un accidente
Respecto a los accidentes, el número de incidencias sigue creciendo desde 2019. En 2023, hasta el mes de septiembre, han fallecido dos conductores de VMP. Según los datos extraídos de las encuestas, los accidentes han aumentado en un 18%. Cristian Bardají, director del Área Mobilitat del RACC, ha explicado que “ya hay más accidentes con patinetes implicados que con bicicletas”.
De hecho, uno de cada siete usuarios asegura haber tenido un accidente con daños personales cuando conducía un VMP por Barcelona y sus accesos. No obstante, los datos apuntan a que solo un 0,8% de estos accidentes son graves, mientras que el resto, el 99,2% son leves.
Entre los motivos, las colisiones siguen encabezando este tipo de incidentes con un 61% seguidos de los atropellos con un 20%. Preguntados sobre qué sería necesario hacer para reducir la siniestralidad, el 64% de los usuarios considera que aquellos que circulan con patinete y no tienen permiso de conducir -3 de cada 10 usuarios no tienen ningún tipo de carnet-, tendrían que hacer una formación viaria obligatoria para desplazarse con un VMP.
El informe del RACC también señala que el 23% de los usuarios no conoce la normativa específica de la circulación del patinete en la ciudad.
Aumentan las sanciones económicas
Las sanciones económicas han aumentado respecto al primer barómetro presentado en 2020, cuando se registró un 7% de multas. Este año, un 20% de los encuestados afirma que ha sido sancionado alguna vez mientras circulaba con VMP. Según el RACC, este incremento apunta a que hay un mejor control de malas prácticas en la circulación.
El martes, la Guardia Urbana de Barcelona anunció que había denunciado a 660 conductores de patinetes eléctricos entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre, tras un dispositivo de control específico para este tipo de vehículos de movilidad personal. Según la policía, el objetivo de la campaña es incrementar la seguridad viaria, garantizar una circulación correcta y favorecer el buen uso del espacio público.
Servicio de patinetes compartidos
En referencia a un servicio compartido de patinetes eléctricos en la ciudad, un sharing como el de las bicicletas o motos, el director del RACC, Josep Mateu, cree que es bastante “inevitable” que no aparezca. Según los datos extraídos de la encuesta, el 85% de los usuarios valora negativamente que no haya un servicio de este tipo en Barcelona y el área metropolitana.
Desde el RACC han afirmado que sería recomendable crearlo para fomentar la conectividad entre ciudades y promover el cambio de modelo hacia los VMP en distancias cortas. Para ello, insta a a garantizar el límite de velocidad de los VMP compartidos para no exceder el máximo permitido y a establecer una tarifa a partir de la distancia recorrida y no por el tiempo de uso.
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