Si un asunto es espinoso para la Unión Europea es la migración y a los hechos hay que remitirse para demostrarlo, aunque ahora mismo el tema es imposible de cerrar y volver a guardar en un cajón como se hizo en el año 2015. "Espero darles una buena noticia al final del día", comentó el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a su llegada a Bruselas para la reunión con sus colegas del resto de Estados miembros, con este debate sobre la mesa. Y en cuestión de horas los 27 alcanzaron un acuerdo político para desbloquear la reforma de asilo y migración dejando fuera la exigencia de cuotas de acogida, que no quieren Estados miembros como Polonia o Hungría.

Tras la reunión se ha constatado que no hay unanimidad, pero sí una mayoría importante para que el asunto siga adelante, ahora ya con un siguiente paso, que son las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento y los trílogos, que incluyen también a la Comisión. Tienen que ser los embajadores los que refrenden el acuerdo, porque por estructura no está permitido que se firme entre los ministros.

Este acercamiento llega, con reticencias de algunas capitales, meses después de que otro pacto se fuera al traste, justo antes del verano. Entonces lo más relevante es que se dio un compromiso de acoger un mínimo de 30.000 migrantes cada año, una cifra baja si se tiene en cuenta que han llegado por ejemplo unos 4 millones de ucranianos desde el inicio de la invasión rusa. A esto se añadía una contribución financiera de al menos 600 millones de euros anuales a la reserva de solidaridad de aquellos gobiernos que no acepten dar asilo a la parte que les corresponda.

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En total, se daría una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado. Se da eso sí la alternativa de que los países miembros que rechacen acoger a personas puedan dar apoyo logístico para los traslados. Finalmente Varsovia y Budapest boicotearon esta opción en la cumbre de líderes, incluso pese a la mediación de la Italia de Giorgia Meloni.

Esas cuotas desaparecen del mapa si se cumple lo dibujado este jueves en Bruselas, y con ello se cierra la puerta también a uno de los puntos de fricción más importantes en el año 2015, con la crisis provocada por la guerra de Siria. Ese 'reparto' se rechazó de manera tajante por los gobiernos que entonces abanderaron el discurso antiinmigración, pero sí fue apoyado por ejemplo por el Ejecutivo alemán, que lideraba entonces Angela Merkel.

Alemania fue precisamente el último Estado miembro que este jueves levantó sus reservas sobre el pacto y aseguró la mayoría cualificada para dar paso, si se refrenda el asunto a nivel técnico, a que el Consejo defienda su posición en las negociaciones con el Parlamento. No obstante, Italia ha pedido más tiempo para valorar los cambios que afectan a la actividad de las ONG en alta mar y, al margen de que ello pueda alterar las mayorías, no es deseable un acuerdo que deje fuera a uno de los países más afectados por la presión migratoria, resumen desde el Gobierno de Meloni.