La Unión Europea sabe que la revolución digital -otra más- trae consigo numerosos retos, y uno implica directamente los medios de comunicación online. Por eso ya desde hace más de un año ha puesto en marcha la elaboración de una ley de medios en línea que, dicen en Bruselas, debe mejorar la transparencia, la protección de los periodistas y la rendición de cuentas, además de ayudar a luchar contra la desinformación. Esta norma va tomando cuerpo y está previsto que acelere en lo que queda de año y pueda estar consolidada antes de que termine la legislatura, pues las próximas elecciones europeas se celebran en junio del año que viene.

La propuesta de la Comisión Europea, recogida ya en 2022, recoge que los medios de comunicación de servicio público deben informar "imparcialmente" y sus cargos directivos serán nombrados "mediante un procedimiento transparente, abierto y no discriminatorio". La destitución además solo puede darse bajo criterios "imparciales". Además, la propuesta incluye que la publicidad y los fondos públicos tienen que darse "de manera transparente" e independientemente de la línea editorial que tenga el medio.

Por otro lado, se apela a la "libertad" de los editores a la hora de tomar decisiones y se prohíbe obligar a periodistas y otros trabajadores de los medios a revelar sus fuentes mediante "detención, vigilancia o confiscación". Tampoco está permitido instalar programas espía en sus teléfonos y ordenadores. Por último, la propuesta incluye la creación de un comité de seguimiento con representantes de todos los Estados miembros de la UE, con el objetivo de que esta norma se cumpla en su totalidad.

"Necesitamos establecer principios claros"

"En los últimos años hemos visto diversas formas de presión sobre los medios de comunicación. Ya es hora de actuar. Necesitamos establecer principios claros: ningún periodista debe ser espiado por su trabajo; ningún medio público debe convertirse en canal de propaganda", resumió en su momento la vicepresidenta de la Valores y Transparencia de la Comisión, Vera Jourova, que ve esta norma como unas "salvaguardias comunes para proteger la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en la UE".

En la misma línea se pronunció el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton. "La UE es el mayor mercado único democrático del mundo. Las empresas de medios de comunicación desempeñan un papel vital, pero se enfrentan a la caída de los ingresos, a amenazas a la libertad y el pluralismo de los medios, a la aparición de plataformas en línea muy grandes y a un mosaico de normas nacionales diferentes", expresó. Por eso, dijo, esta ley implicará también "un nuevo organismo europeo de control fomentará la aplicación efectiva de estas nuevas normas de libertad de los medios" y tratará de "garantizar la pluralidad".

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¿Y cuál es la posición del Consejo? Los Estados miembros marcaron ya su posición durante la presidencia sueca -la anterior al semestre español-, pero está previsto que la norma se apruebe antes de que acabe el año. "La Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación establecerá un marco común para los servicios de los medios de comunicación en el mercado interior de la UE e introducirá medidas destinadas a proteger a los periodistas y proveedores de medios de las injerencias políticas, al tiempo que facilitará su actividad a través de las fronteras interiores de la UE", explican.

El mandato del Consejo mantiene "la ambición y los objetivos" de la propuesta de la Comisión, al tiempo que garantiza "que la nueva ley sea coherente con la legislación vigente de la UE, respete las competencias nacionales en este ámbito y logre el equilibrio adecuado entre la necesaria armonización y el respeto de las diferencias nacionales", escriben en su posicionamiento. Esa posición se resume en varios puntos. Los 27 piden aclarar "la responsabilidad de los Estados miembros de garantizar la pluralidad, la independencia y el buen funcionamiento de los proveedores públicos de medios de comunicación que operan dentro de sus fronteras".

Asimismo, determina el ámbito de actuación del Consejo Europeo de Servicios de Medios de Comunicación y refuerza su independencia, además de establecer disposiciones para reforzar también la protección de los periodistas y las fuentes periodísticas y limita el uso de medidas coercitivas, como el despliegue de programas espía, con el fin de obtener dicha información. El acuerdo del Consejo, por otra parte, garantiza que los Estados miembros puedan adoptar normas más estrictas o detalladas.

El Consejo también recoge una ampliación del ámbito de aplicación de los requisitos de transparencia, tanto en lo que se refiere a la transparencia de la propiedad, que se propone aplicar a todos los prestadores de servicios de medios de comunicación, como a la transparencia de la publicidad estatal, donde se reduce la posibilidad de exenciones nacionales para las entidades pequeñas. En este sentido, establece normas más claras sobre la relación entre los proveedores de plataformas en línea muy grandes y los proveedores de servicios de medios de comunicación que se adhieren a regímenes reguladores o autorreguladores de control editorial y normas periodísticas en los Estados miembros.

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Desde el Parlamento Europeo, que es el otro colegislador, reiteraron la importancia de proteger a los periodistas de los intentos de utilizar el sistema legal para silenciar la información. La Eurocámara señaló que "el acoso en línea, las amenazas y las demandas contra periodistas están aumentando en algunos Estados miembros, y que se han denunciado casos de injerencia política en los medios de comunicación en toda la UE", además de recordar casos como el asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galiza. El Parlamento expresó asimismo "su profunda preocupación por el mayor deterioro de la libertad de los medios de comunicación en Hungría, Polonia y Eslovenia, y por las reformas que tienen el efecto de reducir la diversidad y silenciar las voces críticas dentro de los medios de comunicación". 

También se mostró preocupado por la creación de organismos controlados por el gobierno que gestionan gran parte del panorama mediático y por el "secuestro de los medios de comunicación de servicio público para servir a intereses partidistas". En marzo de 2022, el Parlamento Europeo creó una comisión de investigación (PEGA) para estudiar el uso del programa espía Pegasus. En junio de 2023, el Parlamento aprobó una resolución, elaborada por su comisión especial sobre injerencias extranjeras (ING2), en la que se afirmaba que la UE necesitaba una estrategia coordinada contra las injerencias extranjeras y la manipulación de la información.