El Juzgado de lo Social de Fuerteventura ha condenado a un inspector de Policía, a un agente y al Estado a indemnizar con 90.000 euros a una oficial de Policía por acoso laboral con discriminación por su condición de mujer durante el tiempo que estuvo destinada en la oficina de la Unidad de Extranjería y Documentación de Tuineje (Fuerteventura).

La sentencia considera probado que la víctima fue sometida a acoso, tanto por su superior jerárquico, el inspector Luis José F.H., como por un agente de escala inferior, el policía Jesús M.M. Este último fue sustituido en el cargo por la víctima, P.A.M., y desencadenó esta situación al no estar conforme con la forma en ella desempeñó su trabajo, además de por el hecho de ser mujer.

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Los hechos se produjeron de forma continuada durante los años 2021 y 2022, según se indica en la sentencia que ha admitido "sustancialmente" la demanda presentada por el abogado Juan Antonio Frago Amada, fiscal excedente y socio de Frago & Suarez Abogados Penalistas. Se trata de una de las indemnizaciones más altas por acoso fijadas dentro del Cuerpo Nacional de Policía.

Condenan al Estado por haber fallado "claramente"

En la sentencia se condena al Estado también como responsable al haber fallado "claramente" a la hora de evitar que la víctima quedara expuesta a la situación de acoso laboral antes de que se iniciara, durante el tiempo que transcurrió y posteriormente.

La situación sufrida por la trabajadora desencadenó en una baja médica por motivos psicológicos, así como su traslado fuera de la isla. El juez ha valorado como relevante el hecho de que el acoso cometido fuera por parte de dos personas de forma concurrente frente a una sola y su carácter "pluriofensivo".