El Ministerio de Justicia está estudiando cómo sacar rentabilidad a los más de 4.700 millones de euros que guarda en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales, dinero que ingresan ciudadanos y empresas en el marco de procesos judiciales y que, admiten sus gestores, genera rendimientos muy bajos en un momento de tipos altos.
Las multas o una fianzas impuestas por el juzgado, indemnizaciones a un trabajador en un despido no consensuado, la devolución de un alquiler cobrado irregularmente... Todas esas transacciones pasan por la cuenta de Justicia, cuya invención transformó los juzgados y que esta semana ha celebrado un coloquio para conmemorar su 35 aniversario.
Miles de millones de cuentas corrientes a la vista
En 2022 se realizaron diez millones de operaciones y cada mes, de media, se mueven más de 1.000 millones de euros. Pero, según los últimos datos del Ministerio, hay en realidad 4.516 cuentas operativas gestionadas por juzgados y tribunales, con un saldo vivo, a 31 de agosto, de 4.774,8 millones de euros.
Según explicó el año pasado el subdirector general de Programación y Gestión Económica del Servicio Público de Justicia, Francisco Ferrándiz, se abrió ya "un proceso de análisis y reflexión" sobre las posibilidades financieras de esas cuentas, que desde hace más de dos décadas gestiona el Banco Santander. También admitió que, para garantizar esos movimientos y que los juzgados dispongan de fondos, no es necesario tener en cuentas corrientes a la vista con ese volumen de dinero.
Por su volumen, apuntó, es el contrato público más importante del Ministerio de Justicia y le cuesta cero euros; la entidad financiera se asegura la gestión de unas cuentas que tienen un saldo medio superior a los 4.500 euros.
El largo proceso que requiere la licitación pública hace que siempre se esté funcionando de forma anticíclica desde el punto de vista de generar rentabilidades e ingresos, se lamentó Ferrándiz.
La licitación del actual contrato, que ha comenzado en enero y al que solo optó el Santander, se inició hace tres años, cuando la presidenta del Banco Central Europeo auguraba tipos negativos o cero hasta 2028 y en base a esas perspectivas se licitó un contrato que "vincula a ambas partes y tenemos que respetar".
La cuenta que acabó con las "astillas"
La implantación de la cuenta de depósitos y consignaciones a finales de los años ochenta del pasado siglo fue un avance en la lucha contra las "astillas" -cantidades de dinero que se pagaban en ocasiones a funcionarios para agilizar procesos- y otra corruptelas que se vivían en los juzgados.
El decreto de 1988 que reguló el pago de depósitos y consignaciones fue claro en su artículo 1: quedaba "prohibida la recepción material de dinero o cheques en los juzgados o tribunales" y también la utilización de cuentas distintas a las marcadas por la ley.
"A veces se ve lejano, pero el cobro de la pensión alimentaria en la parte vulnerable de una pareja se hace a través de esa cuenta, y es muy importante que ese pago llegue a tiempo", señaló Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo.
Justicia está centrada ahora en la robotización y las mejoras tecnológicas de la citada cuenta. Este proyecto de automatización inteligente permitirá liberar de carga de trabajo a los letrados de la administración de Justicia y facilitar la labor de los operadores jurídicos con procesos más eficientes.
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