El ministro de Cultura, Miquel Iceta, hombre de incuestionable bondad personal y de no menos demostradas aptitudes para la danza, ha dicho que la amnistía a quienes pretendieron, en el otoño de 2017, reventar la Constitución y separar a Cataluña de España no es más que "un intento de volver a empezar" y que no tiene sentido hacer eso para "repetir haciendo lo mismo".

En primer lugar, sorprende esto que parece una voz discordante en el disciplinado y homofónico coro de la actual dirección del PSOE sobre ese desdichado asunto. Iceta es de los pocos ministros que tiene una notoria tendencia al librepensamiento: puede que a veces se calle porque no le queda más remedio, pero cuando habla, rara vez dice algo que no piense.

Y luego está claro que hay un error en lo que dice Iceta. Conceder la amnistía en pago de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez a quienes deliberada, conscientemente, delinquieron en octubre de 2017, no es volver a empezar nada. Es continuar. Es seguir haciendo lo mismo que todos los gobiernos de España han hecho con los partidos nacionalistas (catalanes y vascos) desde hace 46 años, desde las elecciones de junio de 1977: comprar tiempo. Comprar aplazamientos. Comprar tranquilidad. Comprar apoyos. Comprar.

El sistema electoral español concede, desde la Transición, una notable representación a los partidos llamados "periféricos", cuyo sostén, en numerosas ocasiones, ha resultado indispensable para que alguien gobierne. O tienes mayoría absoluta o hay que convencer a los nacionalistas catalanes y vascos para que te dejen gobernar. ¿Y cómo se ha conseguido ese apoyo, todas y cada una de las veces que ha sido necesario? Pues con concesiones. De todo tipo, desde económicas a políticas o institucionales, pero todas han ido en la misma dirección: aumentar el autogobierno de esas comunidades. Lo que Jordi Pujol llamó siempre "hacer país". Eso empezó en 1977 y no se ha detenido nunca.

Sería larguísimo enumerar todas las transferencias que el Gobierno de la nación ha hecho a esas dos comunidades, pero bastará recordar los cupos económicos, las transferencias educativas (en Cataluña es perfectamente posible enseñar a los niños, en la escuela pública, que España es el enemigo), sanitarias, culturales, idiomáticas, de infraestructuras, de Justicia, de transportes… de todo.

Muchas de esas transferencias han sido lógicas y beneficiosas para los ciudadanos, como era lógico esperar en un Estado descentralizado que no se llama a sí mismo federal porque no quiere. Pero hoy es el día en que las comunidades autónomas españolas tienen un poder y una capacidad de decisión que no tiene ningún otro gobierno regional en el mundo: ni siquiera los länder alemanes ni siquiera los estados de EE UU. Nadie.

Los últimos precios que ha habido que pagar para que vascos y catalanes (sobre todo estos) permitiesen la relativa estabilidad del gobierno español han sido muy notorios: los indultos a los líderes del procès secesionista y el cambio de importantísimas leyes, como las de secesión y malversación.

La amnistía, pues, no es volver a empezar nada. Es continuar con lo de siempre. Como dice Iceta, "repetir haciendo lo mismo". El problema es que el gobierno, este gobierno, ya apenas tiene nada con qué pagar a los secesionistas a cambio de su apoyo (siempre temporal y condicionado) y de que se estén quietos. Ahora reclaman la amnistía (a la que se opone el 70% de los ciudadanos) a cambio de mantener a Sánchez en el poder. Cuando la logren, si la logran, el siguiente precio será el referéndum "legal" para la independencia. Y si lo pierden, cosa probable, pues que se convoque otro. Y otro. Los que hagan falta. El objetivo es y ha sido siempre el mismo: separar a Cataluña del resto de España. Quieran los catalanes o no, que eso tampoco importa demasiado.

Lo curioso es que poca gente sabe tan bien como Miquel Iceta que esto es verdad. Lo lleva viviendo toda su vida.