Al Gobierno de la Generalitat no le tembló el pulso para cesar al subsecretario de Justicia, Luis Manuel Martín, por ocultar una sentencia condenatoria por violencia machista. Y se hizo a instancias de la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, de Vox, que no dudó en utilizar la expresión "violencia de género", término que no cuenta con el beneplácito de la mayoría de sus compañeros de formación.

La destitución de Martín deja dos interrogantes: ¿quién revisa los currículums y la trayectoria de los candidatos a ocupar puestos de responsabilidad en la Administración? ¿Tiene Vox suficientes cuadros como para tener que acudir a alguien que no es muy conocido en nuestra comunidad?

El cese fulminante ofrece también dos conclusiones. En primer lugar, que el PP tiene claro que este tipo de delitos puede entorpecer y enturbiar su acción política, recordemos cómo Carlos Flores tuvo que salir de la ecuación para que el PP y Vox llegasen a un pacto de gobierno. En segundo lugar, que ha calado entre los políticos que esta violencia inhabilita para ejercer la función pública, de igual manera que hace unos años quedó claro que ser condenado por corrupción implicaba el fin de una carrera política.

El Gobierno valenciano destituye al subsecretario de Justicia al enterarse que fue condenado por violencia de género en 2011

Por desgracia, no ocurre igual con otro tipo de delitos. Porque coincidirán conmigo en que resulta escandaloso que el futuro de los españoles dependa de personas que han estado implicadas en malversación de dinero público con fines "patrióticos" (dejémoslo ahí), o que no han condenado otros tipos de violencia, la terrorista, sin ir más lejos. Una pena que una parte de la sociedad no reclame a sus representantes ejemplaridad y tolerancia cero al igual que se hace, y de manera acertada, con la violencia machista.