Tres asociaciones de letrados de la Administración de Justicia se han reunido este miércoles con el ministerio que dirige Pilar Llop para reclamar la aplicación de la subida salarial que pactaron con el Gobierno en marzo -tras dos meses de huelga- y que debió entrar en vigor a partir del mes de julio. Tras el encuentro mantenido con el secretario general de la Administración de Justicia, Manuel Olmedo, los letrados han denunciado que el ministerio "continúa escudándose en la incertidumbre política vigente para justificar la inacción del Ejecutivo". 

A través de un comunicado firmado por la Unión Progresista de letrados, el Colegio Nacional de letrados y la Asociación Independiente de letrados, han señalado que "el Gobierno no ofrece razón objetiva alguna que le impida cumplir con lo que acordó" y han instado a los ministerios de Justicia y Hacienda a "culminar los trámites legales pendientes" para hacer efectivo el incremento retributivo pese a que lo consideran "insuficiente". Apuntan además que el Consejo de Ministros aprobó la tramitación administrativa urgente de los decretos retributivos y la paralizó después "sin justificación". 

Según señalan a 20minutos fuentes del Colegio de letrados, a principios de agosto las asociaciones presentaron un requerimiento formal que les habilitará para presentar una demanda contra el Gobierno pasados tres meses, es decir, a primeros de noviembre. Su intención es hacerlo llegado el caso, pero no plantean hacer una huelga "mientras el Gobierno esté en funciones".

En el comunicado que se ha hecho público este jueves al mediodía, los letrados advierten de que el incumplimiento prolongado del acuerdo llevará a "seguir tensionando la actividad de los operativos jurídicos" e incidirá "en el descrédito" de la Administración de Justicia. "Si el Gobierno de España sigue buscando excusas para no cumplir con su propio acuerdo, está más que justificado que se retomen de inmediato todas las medidas que sean necesarias", zanja el escrito. 

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Tras un mes de agosto en calma, los conflictos entre el Ministerio de Justicia y los trabajadores que dependen de esta cartera han vuelto a aflorar en vista del incumplimiento de los acuerdos firmados con letrados, jueces y fiscales durante la primera mitad de año. Prueba de ello es el comunicado que difundieron seis de las asociaciones de jueces y fiscales este mismo martes dejando patente su disposición a "adoptar las medidas tendentes a lograr la efectividad de lo pactado". 

En el documento recuerdan que el pasado 23 de mayo se formalizó por escrito el acuerdo de la Mesa de Retribuciones para implementar una subida salarial "a hacer efectiva en el mes de octubre". Señalan además que el Ejecutivo se comprometió a seguir trabajando y a aumentar el número de plazas de jueces y fiscales en las siguientes convocatorias de oposiciones.

El Ministerio de Justicia, por su parte, asegura que las subidas no corren "ningún peligro" y que los acuerdos son "totalmente vinculantes". "Somos, y en particular la ministra Pilar Llop, los primeros interesados en que se formalicen", apuntan fuentes del ministerio, a la vez que añaden que han hecho "todo lo que está en su mano" dada la situación política. 

"Se prevé" que la subida a jueces y fiscales se cumpla en octubre y de todas formas el ministerio de Llop hace hincapié en que "los acuerdos firmados, que tienen la rúbrica de Justicia y Función Pública, tienen efectos retroactivos a fecha de enero de 2023". Así, el equipo de la titular de Justicia pretende mandar "un mensaje de calma" pese a que no hay una previsión para implementar la subida de los letrados, que se firmó a finales del mes de marzo.

La situación es aún peor entre los funcionarios de la Administración de Justicia, que tras meses de protestas y varias reuniones con responsables del Ejecutivo no lograron pactar una subida como la concedida a sus compañeros. El adelanto de las elecciones generales dio paso al Gobierno -ya en funciones- para desentenderse por el momento de las reivindicaciones de estos funcionarios, que reprochan a día de hoy la falta de "un interlocutor". 

"La diferencia entre nosotros y los jueces, los fiscales y los letrados es que ellos tienen un acuerdo pendiente de cumplirse", explica a este periódico Luis Calero, representante del sector de Justicia de Comisiones Obreras.

El sindicalista denuncia que "el ministerio se ha desentendido de todo y no ha planteado medidas para poner al día la carga de trabajo" que generaron las protestas de los pasados meses. Sin embargo, por el momento CCOO no considera "oportuno" iniciar un conflicto, al menos hasta que se vean indicios de la formación de un Gobierno.