La Administración de Justicia deja atrás el periodo estival sumida en un clima de tensión por el incumplimiento de los acuerdos salariales que jueces, fiscales y letrados judiciales firmaron con el Gobierno durante la primera mitad del año. La desidia es aún mayor entre los funcionarios de Justicia, que tras meses de huelga no lograron una sola concesión del ministerio que dirige Pilar Llop. Ante la "incertidumbre" de un Gobierno en funciones, las asociaciones que representan a los que sí lograron un acuerdo amenazan ahora con tomar "las medidas procedentes" si el Ejecutivo incumple lo firmado. 

El Ministerio de Justicia, que este miércoles se reúne con las asociaciones de letrados, asegura que las subidas no corren "ningún peligro" y que los acuerdos son "totalmente vinculantes". "Somos, y en particular la ministra Pilar Llop, los primeros interesados en que se formalicen", apuntan fuentes del ministerio, a la vez que añaden que han hecho "todo lo que está en su mano" dada la situación política. 

"Se prevé" que la subida a jueces y fiscales se cumpla en octubre y de todas formas el ministerio de Llop hace hincapié en que "los acuerdos firmados, que tienen la rúbrica de Justicia y Función Pública, tienen efectos retroactivos a fecha de enero de 2023". Así, el equipo de la titular de Justicia pretende mandar "un mensaje de calma" pese a que no hay una previsión para implementar la subida de los letrados, que se firmó a finales del mes de marzo. 

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El problema es que el aumento retributivo debió empezar a implementarse en la nómina del mes de julio, en el caso de los letrados, y en las nóminas de octubre de jueces y fiscales. No ocurrió en el plazo indicado para los primeros y, pese a que se prevé que el sueldo de los jueves y fiscales se incremente el mes que viene, las asociaciones que los representan y las que defienden a los letrados se preparan para responder ante el incumplimiento. 

Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), atiende al teléfono a 20minutos para dejar constancia del "desánimo" que reina entre sus compañeros desde que comprobaron -a finales de julio- que la subida salarial que acordaron con el Gobierno tras dos meses en huelga no se ha visto reflejada en sus nóminas. 

"El Ministerio de Justicia tiene que coger el toro por los cuernos", reclama Casado. Si no lo hace, las asociaciones de letrados tienen previsto presentar una demanda judicial. A principios de agosto presentaron un requerimiento formal y, si no se atiende, podrán demandar al Gobierno pasados tres meses, es decir, al comienzo de noviembre. Su intención es hacerlo llegado el caso, pero no plantean hacer una huelga "mientras el Gobierno esté en funciones". Estos asuntos los discutirán este miércoles a las 12 del mediodía con el secretario general del Ministerio de Justicia, Manuel Olmedo.

Por otro lado, seis asociaciones de jueces y fiscales -la Asociación Judicial Francisco Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales- publicaron el martes un comunicado advirtiendo de que si el Gobierno no cumple se verán obligadas a "adoptar las medidas tendentes a lograr la efectividad de lo pactado". 

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En el documento recuerdan que el pasado 23 de mayo se formalizó por escrito el acuerdo de la Mesa de Retribuciones para implementar una subida salarial "a hacer efectiva en el mes de octubre". Señalan además que el Ejecutivo se comprometió a seguir trabajando y a aumentar el número de plazas de jueces y fiscales en las siguientes convocatorias de oposiciones. 

Los funcionarios de la Administración de Justicia, que no han logrado pactar una subida salarial, denuncian por su parte que no tienen "ningún interlocutor" con el que negociar hasta que el Gobierno deje de estar en funciones. "La diferencia entre nosotros y los jueces, los fiscales y los letrados es que ellos tienen un acuerdo pendiente de cumplirse", explica a este periódico Luis Calero, representante del sector de Justicia de Comisiones Obreras. 

El sindicalista denuncia que "el ministerio se ha desentendido de todo y no ha planteado medidas para poner al día la carga de trabajo" que generaron las protestas de los pasados meses. Sin embargo, por el momento CCOO no considera "oportuno" iniciar un conflicto, al menos hasta que se vean indicios de la formación de un Gobierno.