La posibilidad de una amnistía que dé por olvidados los hechos delictivos relacionados con el procés preocupa al Tribunal Supremo, encargado de investigar estos eventos. Quedó patente este jueves, durante el cóctel celebrado en el alto tribunal con motivo de la inauguración del año judicial. Fuentes de la institución lamentaron que el Ejecutivo en funciones trate de impulsar una ley para amnistiar a los independentistas, una medida contra la que el tribunal se ha pronunciado en más de una ocasión en sus escritos y sentencias, al hilo de otros asuntos. Entre otras cosas, el Supremo considera que una medida así "es el medio de los regímenes totalitarios para borrar gravísimos delitos" y que se trataría de dotar de "impunidad" unos hechos delictivos.

Si bien es cierto que la Constitución española no hace mención alguna a la amnistía, el Tribunal Supremo rechazó su encaje constitucional en una sentencia publicada en noviembre de 2013. El ponente del texto fue el magistrado Rafael Fernández Valverde, encargado de resolver sobre un recurso contra un indulto concedido por el Gobierno de Mariano Rajoy. 

El beneficiario de la medida de gracia fue el 'kamikaze de Polinya', un conductor condenado a 13 años de cárcel por matar a otro hombre al atropellarlo con su coche. La familia del fallecido recurrió el indulto y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidió anularlo. 

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La sentencia de Valverde hizo una mención expresa a la amnistía al justificar las razones de su decisión. Concretamente, el togado señaló que "la Constitución española ha reconocido el derecho de gracia [...] limitado a los indultos particulares, al excluirse del derecho de gracia tanto los de carácter general como la amnistía". 

Esta no es la única ocasión en la que el alto tribunal se ha pronunciado en contra de la amnistía. Ocurrió también en 2021, cuando el tribunal que juzgó el procés con Manuel Marchena a la cabeza publicó un informe rechazando los indultos que el gobierno proponía conceder a los condenados por la declaración unilateral de independencia. En el texto, el tribunal señaló que la amnistía es "un instrumento jurídico de sentencias injustas". 

Esta vez, los firmantes se abstuvieron de "abordar el debate sobre la constitucionalidad" de la medida de gracia alegando que esto "desbordaría los términos" propios del informe. Sin embargo, subrayaron que "en no pocos casos" la amnistía ha sido el medio "hecho valer por regímenes totalitarios" para borrar "gravísimos delitos contra las personas y sus derechos fundamentales". 

"De la memoria colectiva colectiva forman parte decisiones políticas de amnistía que sirvieron para ocultar delitos cuyo perdón y consiguiente impunidad pretendieron disfrazarse mediante el eufemismo de leyes de punto y final, que tuvieron que ser neutralizadas, precisamente, por los tribunales", zanjó el Supremo. 

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Con todo, el alto tribunal asiste ahora a la posibilidad de una ley de amnistía que, de salir adelante, tan solo puede ser anulada por el Tribunal Constitucional ante un eventual recurso a la norma. Esta es, de hecho, la principal baza con el que cuenta el Supremo ante una amnistía a los hechos investigados por el juez Pablo Llarena: presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el órgano de garantías. También lo podría hacer cualquier otro juez que esté a cargo de alguna de las causas derivadas del procés que aún están abiertas en Cataluña. La otra posibilidad es presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

"Esas son las dos opciones, punto y final", señalaban el pasado jueves fuentes del Supremo, que asumen que la norma -si se elabora- encajará con los hechos que investiga el alto tribunal porque estará redactada exprofeso para el caso del procés. 

El "único" que puede juzgar la legalidad de la norma es el tribunal de garantías; el Supremo tan solo puede aplicarla y presentar, en todo caso, una cuestión de inconstitucionalidad, explicaron las fuentes del tribunal, apuntando además que el Supremo deberá aplicar la amnistía mientras el Tribunal Constitucional resuelve sobre su encaje en la ley fundamental. 

Y si el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido avala la norma del Gobierno, la única vía restante será acudir a la Justicia de la Unión Europea. Sobre esta posibilidad ha conversado 20minutos con fuentes del Consejo General del Poder Judicial. Su tesis es que Europa podría poner pegas a una eventual ley de amnistía a los independentistas, pero no por dudar del encaje legal de la figura de la amnistía (admitida en países como Francia, Italia o Portugal).

La ley que reclama Puigdemont podría encontrar oposición en la UE porque olvidaría, entre otros, los delitos de malversación cometidos en el marco de la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Amnistiar un delito económico podría ser problemático en un contexto en que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha adoptado el firme compromiso de intensificar la lucha contra la corrupción en la UE.