El independentismo necesitaba este lunes mostrar músculo para presionar con mayor fuerza en las negociaciones que se están llevando a cabo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Sin embargo, el objetivo no se consiguió del todo. Intentaron ofrecer una imagen de unidad en general, con pocas discrepancias en los discursos más allá de los lógicos matices de cada una de las formaciones y entidades que participaban en los numerosos actos que se hicieron a lo largo del día, pero no consiguieron movilizar a un número suficiente de personas que se acercase a otras épocas recientes. Según la Guardia Urbana, fueron 115.000 personas las que participaron en la manifestación, y según la ANC, la entidad organizadora, esa cifra se eleva hasta 800.000.

Durante todo el día, se impusieron entre los dos partidos independentistas las tesis cercanas al discurso de hace una semana del expresidente Carles Puigdemont en Bruselas, es decir, que es necesario certificar una amnistía para llegar a un acuerdo que permita un posterior referéndum de autodeterminación. En ese sentido, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, aseguró que "la amnistía no es el fin de nada, es un paso imprescindible para que Catalunña decida su futuro en un referéndum". Al mismo tiempo, Aragonès aseguró que es una "excelente noticia que haya más gente que coincida en este camino".

En esa vía se situó también Junts Per Catalunya. Su secretario general, Jordi Turull, confirmó que su formación mantiene la puerta abierta al "acuerdo" con el estado, aunque matizó que "no renuncia" a ninguna vía, ni siquiera a la "unilateralidad" porque "sería renunciar a la nación". Turull recordó explícitamente las palabras de Puigdemont en el sentido de que "cualquier acuerdo político será para acercar" la independencia. En esa imagen de unidad que las dos formaciones independentistas quisieron ofrecer, Turull agradeció a Aragonès el ofrecimiento de entrar en una negociación conjunta con el Estado, aunque dudó que asistiesen a las reuniones.

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Bastante más contundente, como suele ser habitual, fue la presidenta de Junts Per Catalunya, Laura Borràs, que advirtió de que "los votos de Junts no servirán para apuntalar a gobiernos españoles. Los catalanes piden la independencia". Rodeada por dirigentes de su partido y por la gente de la cola de la manifestación donde se habían situado, insistió en que "la gente no pide investidura, pide independencia". No obstante, la presidenta de Junts matizó que ve una "posible oportunidad" de resolver el conflicto políticamente. Ante algunas críticas sobre el cambio de orientación de la formación al aceptar negociar la investidura, Laura Borràs remarcó que "tenemos la misma estrategia de siempre: amnistía como punto de partida y autodeterminación como punto final".

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En los discursos del final de la manifestación en la Plaza de España, fue donde más se pudo sentir las discrepancias entre los partidos independentistas y las entidades civiles. Mientras el cantautor Luís Llach, como representante del Consell de la República, analizó sobre todo las consecuencias que para el independentismo ha tenido la desunión de los últimos tiempos, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, destacó la "transversalidad" del movimiento y remarcó que "las entidades nos hemos reunido para coordinarnos", en alusión al denominado Pacto Civil por la Independencia. Recordó a los "más de 4.000 represaliados", de los que dijo que son "un orgullo" y se mostró partidario de la "amnistía, de la que siempre hemos estado a favor".

La presidenta de la ANC, Dolor Feliu, estuvo bastante más dura en sus apreciaciones, sobre todo frente a los partidos políticos y su compromiso con la independencia. En este sentido, pidió a los "partidos políticos independentistas que sean coherentes con lo que proclaman, y si no se ven con corazón para hacerlo, convoquen elecciones". En este momento, la plaza se convirtió en un canto casi unánime pidiendo la dimisión del Govern. Reclamó un "acuerdo en el Parlamento de Cataluña que declare la asunción de la legitimidad del referéndum del 1 de octubre", así como exigir al estado que reconozca esa legitimidad. Según Feliu, cualquier pacto que no tenga esto en cuenta esta condiciona "blanquea la situación de Catalunya dentro de España".

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