La Fiscalía General del Estado (FGE) advierte: la incidencia de la violencia de género en el ámbito rural es "muy preocupante". Tres de cada diez crímenes machistas de 2022 se cometieron en municipios de menos de 20.000 habitantes, donde las mujeres suelen tener "mayores dificultades para salir de la violencia", según ha precisado el Ministerio Público en su Memoria anual publicada este jueves. 

Según detalla el documento, el "enraizamiento de la cultura patriarcal" en la sociedad rural propicia un "mayor grado de normalización" entre sus habitantes, y dificulta, por tanto, el reconocimiento de "conductas machistas abusivas y violentas" y la denuncia de dichos comportamientos. A ello se le suman otros factores también señalados por la Fiscalía, como la escasez de recursos o la dificultad para acceder a ellos por situarse a kilómetros de distancia; la "ausencia de anonimato" en las localidades más pequeñas, o el miedo al estigma, a "ser señaladas y culpabilizadas", o incluso aisladas. 

De los 50 asesinatos por violencia de género de 2022, el 30% (15) se produjeron en poblaciones de menos de 20.000 habitantes: seis en localidades de 1.000 a 5.000 habitantes; dos de 5.000 a 10.000; y otros dos en municipios de 10.000 a 20.000 vecinos. 

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Tardan más en denunciar

Esa mayor dificultad a las que se enfrentan las mujeres del mundo rural para salir de la violencia y recuperar su vida se aprecia también en los datos de denuncias. De media, una mujer tarda unos ocho años en dar el paso de denunciar la violencia que está sufriendo por parte de su pareja o expareja, según varios estudios. 

Sin embargo, los datos revelan que aquellas comunidades autónomas con más población rural son precisamente las que presentan lapsos temporales de denuncia de hasta cuatro años más que la media: 12 años y 7 meses en La Rioja; 12 años y 6 meses en Aragón; 11 años y 9 meses en Canarias; 11 años y 7 meses en el País Vasco; y 11 años y 3 meses en Extremadura. 

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Ahí influye también el factor de la edad. Según las estadísticas, las mujeres que más años tardan en denunciar son las que tienen entre 46 y 55 años (denuncian tras 12 años y 7 meses de malos tratos), las de 56 a 65 años (19 años y 8 meses), y las que tienen más de 65 años (26 años y 3 meses). Un dato que, según la Fiscalía, entraña "gran interés" teniendo en cuenta que la población de las zonas rurales ha envejecido "ostensiblemente" en las últimas décadas.  

Solo cuatro de las 15 asesinadas en municipios de menos de 20.000 habitantes había denunciado previamente a su agresor. De nuevo, el grado de denuncia es menor cuanto más pequeña la localidad: de los cinco feminicidios cometidos en municipios de menos de 1.000 habitantes, solo una de ellas había denunciado previamente; de las cinco asesinadas en municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes, solo una había denunciado, pero hace 13 años. Y, de los cuatro crímenes machistas registrados en municipios de 5.000 a 20.000 habitantes, la mitad lo había puesto en conocimiento de las autoridades. 

"Desventajas geográficas"

Pese a que la Fiscalía reconoce que las administraciones están efectuando "muchos esfuerzos" para mejorar su respuesta a la violencia machista, la Memoria resalta la necesidad de incrementar los recursos para disminuir esa incidencia en las zonas rurales. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género ya se planteó la necesidad de aumentar el número de centros de acogida, impulsar las asociaciones de mujeres en el ámbito rural o facilitar los desplazamientos de las víctimas hacia las poblaciones donde están los recursos. 

Sin embargo, el Ministerio Público considera necesario "replantear la necesidad de garantizar el acceso a todos los recursos de apoyo, asesoramiento, acompañamiento y asistencia" a las mujeres; y estudiar una posible "prolongación" de la jurisdicción de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer a otros partidos judiciales. En definitiva, adoptar las medidas necesarias "para que las desventajas derivadas de la dispersión geográfica no repercutan negativamente en las víctimas y lleguen a estas, en igualdad de condiciones, la especialización y los recursos específicos". 

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El Ministerio de Igualdad también planteó una serie de medidas en ese sentido tras los asesinatos del año pasado. En el comité de crisis convocado en diciembre de 2022 —un mes especialmente negro que dejó a 12 asesinadas por violencia de género—, se sugirió impulsar mecanismos como los Puntos Violeta (situados en lugares de ocio nocturno, transporte público para dar información), pero que no solo ofrezcan información, sino que también "sirvan como mecanismos de derivación inmediata a los servicios de ayuda". 

Se trata, según subrayó entonces la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, de aumentar los "brazos" de las administraciones para allanar el terreno a los servicios sociales desde establecimientos a los que las mujeres acuden frecuentemente, como las farmacias o los centros de atención primaria.