La preocupación por la inflación en Europa no se ha despejado. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha recordado este miércoles que la eurozona sufre todavía una fuerte presión sobre los precios en la eurozona. Lo ha hecho en un estudio en el que analiza la situación económica de la Unión Europea y recomienda mantener la política económica restrictiva acometida en el último año por el Banco Central Europeo (BCE), que ha llevado los tipos de interés a máximos históricos, y controlar al mismo tiempo la política fiscal, especialmente mediante la reducción de la deuda pública.

Las previsiones de la OCDE apuntan a que la tasa de variación del IPC cerrará 2023 en una media del 5,8% en la eurozona y seguirá moderándose hasta caer a una tasa del 1,5% en 2024. La confirmación del pronóstico vaticinado para el ejercicio actual supondría una considerable desaceleración en la escalada de precios con respecto a la situación de hace un año. Sin embargo, la OCDE recuerda que la inflación en la eurozona persiste todavía por encima del objetivo del 2% marcado por las normas fiscales del BCE, suspendidas hasta final de año. 

El organismo internacional señala que la inflación ha adquirido una naturaleza "generalizada y persistente" en el Viejo Continente. De hecho, según los últimos datos de Eurostat —todavía provisionales—, en agosto todos los socios del euro registraron tasas de variación del IPC superiores al 2%. España y Bélgica fueron el mes pasado los países con los niveles de inflación más bajos, con tasas del 2,4%. La OCDE teme que, al subir los precios, se eleven también las exigencias de los trabajadores para revalorizar los salarios y eso pueda derivar en una nueva escalada inflacionista —lo que los economistas denominan efecto de segunda ronda—.

Ante esta situación, la receta de la OCDE para controlar los precios tiene dos patas: "seguir aplicando una política monetaria restrictiva y redoblar los esfuerzos para que la política fiscal esté mejor focalizada y sea más sostenible". "Las autoridades monetarias y presupuestarias deben actuar en sinergia para poder aliviar de manera sostenible las presiones inflacionarias", sostiene el estudio

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La organización con sede en París invita así al BCE a seguir en la senda recorrida en el último año, que ha elevado el precio oficial del dinero a máximos desde la entrada en circulación del euro en 2002. Tras la novena subida de tipos consecutiva acometida a finales de julio por la autoridad monetaria, el tipo de las operaciones principales de refinanciación —que condiciona el interés al que prestan dinero los bancos— se sitúa ya en el 4,25%. El BCE tiene su próxima reunión la semana que viene, en la que decidirá si seguir con su política restrictiva. Su presidenta, Christine Lagarde, apunta en la línea señalada por la OCDE. Hace apenas diez días avisó de que los tipos de interés permanecerán altos durante "el tiempo que sea necesario", dado que "la lucha contra la inflación aún no está ganada".

Sin embargo, el estudio de la OCDE reconoce que una política monetaria restrictiva tiene riesgos y puede perjudicar especialmente a aquellos países en los que haya una alta proporción de hipotecas a tipo variable. Pese al vigor del tipo fijo en los últimos años, en España la mayoría de préstamos vivos sobre viviendas tienen esta naturaleza. En concreto, hay cerca de cuatro millones de familias con hipotecas a tipo variable, las cuales a lo largo del último año han visto encarecerse sus cuotas mensuales.

Retirar medidas y reducir la deuda

En consecuencia, la OCDE recomienda a las autoridades monetarias y fiscales "medidas macroprundenciales", así como "un gasto público más eficiente y con una priorización sensata". En ese sentido, la organización internacional invita a los socios comunitarios a retirar de forma progresiva las medidas de apoyo adoptadas ante las subidas en el precio de la energía derivada de la invasión rusa de Ucrania. "Las medidas para mitigar la crisis energética han incrementado aún más la deuda pública y deben estar más enfocadas y, progresivamente, ser retiradas, aunque los precios de la energía sigan siendo elevados", valora el informe. 

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En España, siguen en vigor las ayudas al transporte público, el descuento al carburante para profesionales —que a partir de septiembre se reducirá a 5 céntimos por litro— y la rebaja en el IVA de los alimentos. El objetivo de la OCDE al proponer la retirada paulatina de este tipo de medidas es reducir la deuda pública. Reconocen que las acciones públicas, con su consecuente gasto, han servido para evitar "una recesión grave", aunque recuerdan que "las perspectivas a corto plazo siguen rodeadas de incertidumbre".

De este modo, el informe anima a los países europeos a emprender "una senda descendente hacia niveles de deuda más prudentes". Según los últimos datos provisionales de Eurostat, la deuda pública en la eurozona se situó en el primer cuatrimestre del año en una media del 91,3% sobre el PIB, por encima todavía del 86,6% de los primeros cuatro meses de 2019, pese a acumular ocho cuatrimestres de descensos consecutivos. España es el cuarto socio de la moneda única con más deuda (112,8%), solo por detrás de Portugal (113,8%), Grecia (143,5%) e Italia (168,3%).

Más allá del control de los precios, la OCDE anima igualmente a los países de la Unión Europea a reforzar la integración del mercado único y acelerar la reducción de emisiones para lograr un crecimiento económico "más fuerte y sostenible". Las previsiones del organismo con sede en París apuntan a un avance del 0,9% en el PIB de la eurozona en 2023, que dará paso a una mayor recuperación en 2024, año para el que se espera un crecimiento del 1,5%.