Las negociaciones que el Gobierno de coalición en funciones mantiene con los partidos independentistas para tratar de investir a Pedro Sánchez avanzan en una dirección cada vez más clara: conceder la amnistía a los protagonistas del procés para culminar la "desjudicialización" del conflicto catalán. La cúpula del partido de Yolanda Díaz está convencida de que "es el momento" de conceder esta medida de gracia y ha conformado un equipo de juristas que la diseñen.

Sumar sostiene además que la amnistía es constitucional, dado que la Carta Magna no la prohíbe expresamente y la ley de enjuiciamiento criminal la contempla en uno de sus artículos, sin que este haya sido recurrido en ningún momento. Además, apoyan su tesis en dos precedentes europeos de amnistías concedidas en las últimas décadas en Francia y Portugal. 

Impulsar una ley de amnistía es clave para que los independentistas apoyen la reedición de un Gobierno progresista y supondría el último paso para "sacar un conflicto sustancialmente político de los tribunales y devolverlo a la política", según apuntó este lunes el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. 

Pero si la ley acaba aprobándose en el Parlamento lo más seguro es que el PP la lleve al Tribunal Constitucional, con lo que sus impulsores tienen que diseñar con cautela tanto su contenido como la exposición de motivos que la justifique, lo que incluye los precedentes legales de otros países de la Unión. Pese a que hay cantidad de ejemplos en Europa y en la etapa preconstitucional de la historia de España, los de Yolanda Díaz se han referido a dos casos concretos. 

Francia y la amnistía en Nueva Caledonia

El caso francés se remite a una antigua colonia francesa -un territorio actualmente incluido en la lista de territorios no autónomos que elabora la ONU- llamada Nueva Caledonia y situada en el sur del Océano Pacífico. El conjunto de islas que componen este lugar fueron colonizadas por Francia en la primera mitad del siglo XIX. Durante la primera etapa de control francés, Nueva Caledonia se convirtió en una colonia penal, un conjunto de islas-cárcel. 

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En 1984 se fundó una alianza independentista llamada Frente Socialista de Liberación Nacional de Canaco (FLNKS por sus siglas en francés), impulsora de protestas y agitaciones en favor de la independencia de Nueva Caledonia y la creación del "Estado independiente de Canaco". Entonces comenzó una etapa de conflictos que culminaría cuatro años después con una toma de rehenes en la que acabaron asesinados cuatro policías y 19 independentistas.

Tras la revuelta, el entonces presidente de la República Francesa, François Mitterrand, impulsó los conocidos acuerdos de Matignon, planteando un referéndum sobre la independencia de Nueva Caledonia en el plazo de diez años y concediendo la amnistía en relación a la toma de rehenes, excluyendo los delitos de sangre. Finalmente, en 1998 se aplazó la celebración del referéndum, que tuvo lugar en 2018 ante el boicot de los independentistas y con un 98,3% de votos a favor de mantener el estatus con Francia. 

Portugal y la amnistía de 1996

El segundo caso que invoca Sumar de cara al estudio de una amnistía a los lideres independentistas tuvo lugar en 1996 y fue impulsado por el presidente de la República Mario Soares. La medida de gracia fue concedida por el Parlamento portugués a varios miembros de las Fuerzas Populares 25 de Abril (FP-25), una organización terrorista responsable de casi 80 atentados y más de una decena de homicidios cuyo liderazgo se atribuyó al militar Otelo Saraiva. 

Las acciones que llevaron a Saraiva a ser encarcelado y posteriormente amnistiado se han de enmarcar en el periodo de transición que siguió a la Revolución de los Claveles, de la que él mismo formó parte desde el Ejército portugués. 

Al comenzar la década de los ochenta, seis años después de la revuelta que acabó con la dictadura en Portugal, empezó a operar la organización terrorista de extrema izquierda FP-25, que rechazaba el curso capitalista de la democracia que había surgido de la revolución. En 1986 Otelo Saraiva fue condenado a 18 años de prisión por la fundación de las FP-25, a las que se atribuían cerca de 80 atentados.

El que fuera un símbolo de la Revolución de los Claveles pasó cinco años en prisión antes de lograr la libertad provisional. Fue en 1996 cuando, al final de su mandato, el presidente de la República Portuguesa, Mario Soares, impulsó una propuesta de amnistía [excluyendo los delitos de sangre] que el Parlamento aprobó con el voto a favor de los socialistas y los comunistas. El Jefe de Estado alabó la medida como una vía para la "reconciliación nacional" frente a "los odios y las venganzas entre los portugueses".