Sin casa, ni alternativa habitacional, viviendo bajo la intemperie, separados de sus hijos y en algunos casos enfermos, así describen su situación las personas que fueron desalojadas el pasado 17 de julio del edificio 'Dignidad' en Móstoles. El sábado decidieron acampar frente al juzgado municipal, en el parque Cuartel Huertas, para reclamar que la administración le ofrezca una alternativa digna. Hasta entonces, dicen, no se moverán del lugar. "Tampoco tenemos otro lugar al que ir", expone Ana Belén, una de las afectadas por el desahucio.
Un mes ha pasado desde que la Policía Nacional desalojó a las 48 personas que vivían en el número 2 de la calle Carcavilla, en el municipio de Móstoles. El edificio, propiedad de una constructora que había quebrado, se ocupó en 2014 tras años vacío. En 2022, el fondo de inversión Midtown Capital compró las viviendas por unos dos millones de euros y el proceso de desahucio se aceleró. El 17 de julio de este año y tras tres horas de operativo policial, las familias abandonaron las viviendas.
Ahora estas personas luchan para que desde la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Móstoles les ofrezcan alguna solución. "Hay que recordar que estas familias están en una situación extremadamente vulnerable, con enfermedades y bajos ingresos", exponen desde la plataforma Stop Desahucios Móstoles.
Ana Belén es una de las afectadas por el desahucio. En su caso, la opción que le dieron pasaba por quitarle a sus hijos: "Cuando nos desalojaron fuimos a servicios sociales y me dijeron que la alternativa era quitarme la custodia y que mi pareja y yo fuéramos a albergues diferentes". Durante este tiempo ha dejado a sus hijos con familiares y amigos y se ha visto obligada a pasar las noches en la calle. Ella cobra el Ingreso Mínimo Vital y, según explica, "con esto no puedo cumplir los requisitos que me piden para alquiler, y mucho menos pagar 800 euros por un piso, lo único que pedimos es un alquiler social".
Desde la plataforma Stop Desahucios Móstoles destacan que tanto la Comunidad como el Consistorio disponen de viviendas vacías y cerradas en el municipio y "no han querido ponerlas a disposición de las familias". Por su parte, fuente del Ayuntamiento de Móstoles han explicado que en su momento, cuando se produjo el desahucio, "ya se ofrecieron propuestas, algunos las aceptaron y otros no". La Comunidad de Madrid se ha puesto a disposición de Móstoles para ayudar en lo necesario, pero aclaran que la competencia pertenece a los servicios sociales del municipio: "Estas familias no pueden ser destinatarias de viviendas de emergencia social porque no tienen el título justo de ocupación, lo que es imprescindible, según la normativa", exponen fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
"Antes, cada uno estaba por su lado, pero decidimos juntarnos para no estar solos y tener más protección. El sábado nos instalamos aquí", cuenta Ana Belén. Desde entonces, denuncia, nadie del Ayuntamiento de Móstoles se ha desplazado hasta el lugar para hablar con ellos, solo la Policía Municipal, que ha multado a varias de los acampados. "A mí me han multado esta mañana y un agente me ha amenazado con demandarme por desobediencia si no me voy", relata Ana Belén.
"Uno de los agentes me dijo que no estaba coja para no trabajar, que lo único que queríamos era una vivienda gratis", continúa contando Ana Belén. Según explica, por las noches les alumbran con los focos del coche para que no puedan dormir y por la mañana les amenazan con poner los aspersores del césped. "Y ahora, en plena ola de calor, nos quieren obligar a quitar las carpas", lamenta.
"Por no tener casa no soy una mala madre", declara Fátima, que tras el desahucio tampoco pudo encontrar otra residencia: "A mí me ofrecieron ir a un hostal y que mi hijo, de un año, fuera a una casa de acogida. Yo les dije que no me iba a separar de él". Fátima lleva todo este mes viviendo en la calle, sus hijos están con familiares y conocidos mientras busca una alternativa para que todos puedan vivir juntos otra vez. "Esto es la pescadilla que se muerde la cola, me dicen que busque trabajo, pero en las circunstancias en las que estoy, donde no puedo asearme y vestirme de forma adecuada, cuando me ven, me descartan de manera automática".
Betty es otra de las personas instaladas frente a los juzgados desde el sábado. Ella tiene cuatro hijos menores y es víctima de violencia de género. "Yo quiero trabajar, pero necesito un techo, no puedo alquilar una casa por 800 euros". Según denuncia, Servicios Sociales solo le ofrece una solución: que sus hijos vayan a un centro de menores. Sus hijos por el momento están en casa de una amiga del colegio que les ha acogido. "Nosotros no tenemos a donde ir y vamos a continuar aquí hasta que nos den una alternativa", deja claro Ana Belén.
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