Donald Trump (2017-2021) ha sido acusado este martes por un gran jurado de Washington de cuatro cargos por supuestamente intentar revertir el resultado de las elecciones de noviembre de 2020 y llegar al extremo de alentar el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Es la tercera imputación después de los cargos penales por el caso de Stormy Daniels, la actriz porno cuyo silencio presuntamente intentó comprar, y la acusación más grave hasta el momento por llevarse, ocultar y no querer devolver documentos clasificados que no debieron salir nunca de la casa Blanca.
Sin embargo, este cerco judicial legalmente no afecta su carrera hacia la Casa Blanca. En Estados Unidos, el país de las libertades, hay antecedentes de otros políticos que se mantuvieron en primera línea de la política a pesar de ser condenados y estar en prisión.
En 1920 el candidato a la Casa Blanca, el socialista Eugene Debs, se presentó a los comicios tras haber sido condenado por sedición en 1918 por protestar por la implicación de EE.UU. en la I Guerra Mundial y obtuvo casi un millón de votos mientras estaba en una cárcel en Atlanta.
Trump incluso podría volver a la Casa Blanca a pesar de ser condenado. Nuevamente hay precedentes de miembros del Congreso estadounidense que han servido partes de su mandato tras ser condenados por un delito federal como James Traficant (1985-2002), de Ohio, quien fue enjuiciado por usar los fondos de campaña para uso personal.
El coste de pagar facturas legales
Lo que sí puede afectar el deseo del exmandatario de volver a Washington es el coste económico de su defensa. La operación política de Trump ya siente el peso de los millonarios pagos a abogados, según medios estadounidenses.
Trump reunió más de 53 millones de dólares desde principios de 2023, en el periodo en el que sus dos acusaciones penales en Florida y Nueva York dispararon la recaudación de fondos.
La red de comités políticos de Trump gastó aproximadamente 25 millones de dólares en honorarios legales, según la información divulgada esta misma semana. Pero según una fuente que insistió en el anonimato para hablar del asunto con la prensa, la cifra es considerablemente mayor: 40 millones de dólares sólo este año.
Los principales beneficiarios han representado a Trump y sus aliados en una serie de investigaciones. La abogada Alina Habba, una portavoz legal de Trump que trabajó en la demanda civil por agresión sexual presentada por la escritora E Jean Carroll, ha cobrado 3,5 millones de dólares para su bufete desde 2022, según muestran los registros.
El bufete de Evan Corcoran, abogado en el caso de los documentos de Mar-a-Lago, ha recaudado 3,4 millones de dólares. Las entidades establecidas por Stefan Passantino, un exabogado de ética de la Casa Blanca de Trump que asesoró a figuras del mundo de Trump en la investigación de la Cámara sobre el ataque del 6 de enero, han recibido 3,1 millones de dólares, según los registros.
Si el análisis de los informes financieros de campaña se remonta más atrás, los comités políticos de Trump han pagado al menos 59,2 millones de dólares a más de 100 abogados y bufetes de abogados desde enero de 2021, cuando una turba de sus partidarios irrumpió en la sede de la ONU.
Así que aunque Trump domina el campo de las primarias republicanas, la falta de efectivo podría complicar su empeño de llegar a la Casa Blanca. Para pagar sus facturas legales, los aliados de Trump están lanzando un nuevo esfuerzo de recaudación de fondos. El Patriot Legal Defense Fund (Fondo de Defensa Legal Patriota), como se denomina, está destinado a sufragar los costes de aquellos que "se defienden contra acciones legales derivadas de la participación de un individuo o grupo en el proceso político", según una presentación realizada el mes pasado.
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