A Pedro Sánchez le dan los números para volver a ser investido presidente del Gobierno tras las elecciones del 23J, pero la factura que tendrá que abonar no será barata. El candidato socialista necesita aunar los apoyos de al menos cinco formaciones políticas (Sumar, ERC, Bildu, PNV y el BNG) y, además, tiene que asegurarse la abstención de Junts, el partido de Carles Puigdemont.

Esa compleja aritmética para continuar en la Moncloa tiene un precio elevado porque cada uno de esos posibles socios de investidura impone sus condiciones y exigencias, incluso algunos de ellos ya las han hecho públicas. Estas son las seis facturas a las que tendrá que hacer frente Sánchez si quiere tener éxito en su investidura:

Sumar - Carteras ministeriales

Sumar exigirá en primer lugar varias carteras ministeriales para repetir un Gobierno de coalición. Si en la anterior legislatura tuvo una vicepresidencia y cuatro ministerios con 35 escaños, ahora con 31 intentará acercarse o igualar esa cuota de poder.

Tendrá, eso sí, que negociar entre sus propias filas cómo reparte esos cargos ministeriales entre los diferentes partidos que forman la coalición, entre ellos Podemos, que desde el 23J está marcando distancias con Yolanda Díaz.

Más allá de las carteras ministeriales, Sumar pretende convertir algunos puntos de su programa en líneas de acción para el futuro Gobierno: una reforma fiscal con más impuestos a grandes fortunas y corporaciones, subir el salario mínimo por encima del IPC anual o profundizar en la Ley de Vivienda imponiendo un límite a los alquileres en todo el territorio nacional.

ERC - Tres condiciones

Esquerra ha sido hasta ahora el partido más claro a la hora de elaborar esa 'lista de la compra' para Sánchez porque ha puesto tres condiciones muy detalladas: Rodalies, déficit fiscal y mesa de diálogo. 

Los republicanos exigen el traspaso a la Generalitat de las competencias del servicio de trenes de cercanías en Cataluña y mejorar el sistema de financiación autonómica para reducir el déficit fiscal que, a su juicio, sufre esa comunidad.

En tercer lugar, exigen mantener la mesa de diálogo con el Gobierno. Este último punto puede ser interpretado como un alivio para Sánchez, porque ERC ya no habla de referéndum, sino de continuar dialogando para "avanzar" hacia esa hipotética consulta en un futuro indeterminado.

Junts - Referéndum y amnistía

Sí hablan explícitamente de referéndum en el partido de Puigdemont, cuyo apoyo no es necesario para Sánchez, pero sí su abstención, lo que a la práctica viene a ser lo mismo porque las exigencias de los exconvergentes son inamovibles: referéndum y amnistía.

Para no bloquear la investidura de Sánchez con un voto negativo, Junts exige un referéndum de independencia en Cataluña, que sea vinculante y pactado con el Gobierno. Además, pide una amnistía general para todos los encausados por el procés, una medida que permitiría el regreso de Puigdemont a España sin cargos.

Bildu - Beneficios para los presos

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha mostrado abierto a facilitar la investidura de Sánchez y ha asegurado que su partido "no podrá precios ni líneas rojas en público". En privado, sin embargo, la cosa es muy distinta.

La formación abertzale, que ya logró poner fina a la dispersión de los presos de ETA en la pasada legislatura, quiere seguir mejorando las condiciones de esos "presos políticos vascos", según su propio lenguaje, porque no se les aplica "la política penitenciaria ordinaria", según se recoge en un documento interno de EH Bildu titulado 'Análisis de coyuntura y escenarios en el Estado español'.

Dicho documento también habla de avanzar en la "cuestión territorial" y de profundizar en "las consecuencias del conflicto".

PNV - La agenda vasca

La condición impuesta por el PNV es "seguir avanzando en la agenda vasca", según ha declarado la presidenta de la formación en Vizcaya, Itxaso Atutxa, que también ha pedido a Sánchez tomar "decisiones estratégicas creíbles".

En definitiva, el PNV pretende completar el capítulo de transferencia de competencias al gobierno vasco recogidas en el Estatuto de Gernika y que todavía no se han materializado, entre ellas los trenes de Cercanías o la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. También figuran competencias sobre aeropuertos, puertos o el régimen electoral municipal.

Otra de sus condiciones es que Sánchez abandone su proyecto de ley de Cohesión Territorial, que pretendía mejorar la cooperación entre autonomías tras la pandemia, porque el PNV la considera recentralizadora. Los nacionalistas vascos también son muy críticos con la nueva Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno de coalición por invadir competencias autonómicas.

BNG - Llegar a los 2.000 millones en infraestructuras

Aunque solo ha logrado un escaño en el Congreso, la portavoz de los nacionalistas gallegos, Ana Pontón, ya ha dejado claro que su partido será "muy exigente a la hora de reclamar aquello que Galicia necesita". 

El BNG exige una mayor inversión en infraestructuras porque entiende que Galicia arrastra "un déficit histórico" y reclama "incrementar progresivamente la inversión del Estado en Galicia hasta los 2.000 millones de euros anuales".

Asimismo, pide la condonación de la deuda del puerto de La Coruña y la transferencia de algunas competencias, como la gestión del litoral, el tráfico o la AP-9.