Que la vivienda es a día de hoy un asunto central en la política española se demostró ya en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del pasado mayo. En 2022, el precio de la vivienda de compraventa registró su mayor incremento desde 2007, alcanzando la media de 1990 euros el metro cuadrado en junio de 2023. El precio del alquiler medio, que en enero de 2019 era de 10 euros el metro cuadrado, ha subido hasta los 11,80 euros. 

En las ciudades más tensionadas, la situación se complica aún más: un metro cuadrado cuesta al mes 16,80 euros en Madrid, 18,70 en Barcelona, 15,90 en San Sebastián y 14,4 en Palma de Mallorca. Este enorme desafío que retrasa la emancipación de los más jóvenes y aprieta los cinturones de las familias españolas se afronta con un hándicap importante, la escasez de vivienda pública. 

Mientras que en Europa representa un 9,3% del total del parque, en España ocupa tan solo un 2,5%. El 13,3% de los españoles sitúan a la vivienda entre los tres problemas principales de España, según revela el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Se trata del quinto problema que más preocupa a los ciudadanos. 

PP: pacto de Estado, avales a jóvenes y vivienda pública

El Partido Popular, como Vox, propone derogar la ley de vivienda que se aprobó el pasado mes de mayo con los votos en contra de ambas formaciones, de Ciudadanos, del PNV y de Junts. Según denunció Feijóo en el momento de su aprobación, y tal y como recoge el programa de los populares, esta norma "genera inseguridad jurídica y no resuelve ninguno de los problemas de fondo del mercado de la vivienda". 

Como alternativa, el PP plantea un "pacto de Estado sobre la vivienda" que cuente con la participación de las comunidades autónomas y entidades locales. "Exploraremos conjuntamente soluciones para garantizar un uso racional del suelo, construir viviendas a precios más asequibles, movilizar viviendas en régimen de alquiler y profundizar en la rehabilitación del parque existente", señalan. 

Algunas medidas más concretas son la creación de un aval para jóvenes por valor de "hasta un 95% del precio de la vivienda" o una ley de seguridad jurídica para garantizar que los planes urbanísticos perduran aunque se impugnen cuestiones "no estructurales" de los mismos. Por último, en concordancia con las principales fuerzas políticas del país, el PP apuesta por movilizar la vivienda pública y promover la vivienda social.  Los de Feijóo lanzan otra promesa, agilizar los desalojos para que las casas ocupadas puedan desocuparse en un plazo de 24 horas. 

PSOE: que el 20% del parque de vivienda sea público

El Partido Socialista afirma en su programa electoral que la ley de la vivienda es "la primera norma de la democracia que desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna", la primera que hace que los poderes públicos estén obligados a garantizar el acceso a la vivienda. Esta norma, aseguran los socialistas, da herramientas al Gobierno para controlar las subidas de precio, blindar el parque público y sacar al mercado viviendas vacías. Con lo cual, su propuesta consiste en "desarrollar los instrumentos previstos en la ley". 

Esto se traduce en varias iniciativas concretas, empezando por conseguir "en los próximos años" que el 20% del parque de vivienda en alquiler sea público. De esta forma, señala el PSOE, España se homologaría a las cuotas de vivienda pública de Francia, Países Bajos o Alemania. 

El programa propone actuar también en materia de viviendas vacías -en 2021 había cerca de cuatro millones- estableciendo mecanismos entre los bancos y las administraciones para movilizarlas y destinarlas a uso social. Además, se ofrecerán incentivos para que los propietarios rehabiliten sus casas y las sumen al mercado de alquiler asequible. Plantean otro paquete de medidas dirigidas a los colectivos más vulnerables, con atención especial a personas sin hogar y "dotación económica suficiente" para erradicar el chabolismo. 

Otra propuesta que recoge el programa socialista es rehabilitar 500.000 viviendas a lo largo de la legislatura. El documento aborda igualmente algunas reformas en materia de innovación, como regular legalmente el "cohousing" o dar créditos que fomenten estos nuevos modelos habitacionales. 

Se incluyen, finalmente, algunas propuestas enfocadas a los jóvenes: consolidar el bono del alquiler, avales del 20% de la hipoteca para personas que compren la primera vivienda antes de los 35 años y una cuenta de ahorro bonificada para que los menores de 40 años que compren la primera vivienda puedan ahorrar hasta 30.000 euros sin tributar. En otro apartado del documento, el PSOE se refiere a la okupación: "Se impulsará la reforma Legislativa normativa para garantizar el desalojo de los okupas ilegales en un plazo máximo de 48 horas".

Vox: normas contra la okupación y menos impuestos 

"Tolerancia cero con la okupación ilegal", reza el primer punto del programa de Vox en materia de vivienda, "todo español debe tener la capacidad de defenderse a si mismo y a los suyos ante una agresión en su propio hogar". Para afrontar este fenómeno prometen reformar el Código Penal y las leyes de enjuiciamiento criminal y civil y crear "un registro de datos históricos de zonas afectadas". Aseguran que impulsarán un seguimiento pormenorizado de queda caso y asistirán a las víctimas. Por último, plantean eximir a los propietarios del pago del IBI mientras su inmueble esté ocupado. 

Anuncian también una nueva ley de suelo que libere "el suelo secuestrado por ayuntamientos y comunidades autónomas para el beneficio de los partidos y de políticos corruptos". Afirman que retirarán el IVA de la compra de la primera vivienda y recuperarán la deducción por vivienda habitual en la declaración de la renta. Bajarán -según dicen- los impuestos relacionados con la construcción de vivienda y los que derivan de las rentas del alquiler.

El partido de Santiago Abascal coincide en la necesidad de impulsar viviendas sociales públicas y aumentar el parque de viviendas de protección oficial y propone algunas medidas en materia de alquileres habitacionales turísticos. Plantean homogeneizar las normativas sobre este asunto para que sean iguales en toda España para asegurar la igualdad de condiciones con el resto de alojamientos turísticos y preservar los derechos de los vecinos residentes. "Nuestros barrios no pueden convertirse en parques temáticos", zanjan. 

Sumar: más vivienda social, menos alquiler turístico

El programa de Sumar es, con diferencia, el que más se extiende en materia de vivienda. Una batería de propuestas que empieza prometiendo una inversión del 1% del PIB sostenida durante 10 años para construcción, compra, movilización y rehabilitación de vivienda para generar un parque de alquiler "protegido, social, sostenible y asequible" de más de dos millones de viviendas. El partido desarrollará una normativa para que el 30% del suelo urbano consolidado esté reservado a vivienda protegida. 

La formación que dirige Yolanda Díaz plantea, por otro lado, prohibir la venta de patrimonio público de suelo y vivienda, salvo que sea para transmitirlo gratuitamente a entidades públicas para proyectos públicos de alquiler. Además, Sumar busca otorgar a las administraciones públicas derechos de tanteo y retracto para que tengan preferencia para comprar una vivienda en situaciones de emergencia y para fortalecer el parque público. 

El partido de Díaz estudiará emprender reformas legales para que la compraventa solo se autorice en las zonas tensionadas a los compradores que residan en las mismas, a quienes vayan a utilizar la vivienda al alquiler de larga duración o al alquiler protegido. Paralelamente, propone limitaciones para el alquiler turístico para que "no se convierta en una opción que sortee la aplicación de la ley de vivienda". 

Sumar asegura, por otro lado, que creará un "bono de emergencia" para los hogares hipotecados a tipo variable que sufran el alza de los tipos de interés. El bono sería de 1.000 euros por hogar. Además, plantea establecer la obligatoriedad de la portabilidad de las hipotecas.