La Policía Nacional ha detenido a dos personas e investiga a otras dos por falsificar 152 certificados desde un centro de reconocimiento médico de Tarragona para venderlos por hasta 170 euros a ancianos con enfermedades crónicas, como Alzheimer y Parkinson, para que pudieran renovar su carné de conducir.

Según ha informado la Policía, el líder del grupo es el hijo del responsable del Centro Médico de Reconocimiento de Conductores ubicado en Sant Carles de la Ràpita (Tarragona), al que secundaban un médico y dos personas dedicadas a la captación de posibles clientes.

Tras la primavera de 2022, la Policía tuvo conocimiento de que varios ancianos de Deltebre, con enfermedades crónicas que limitaban sus capacidades -entre ellas el Parkinson y el Alzheimer-, ante la imposibilidad de renovar su carné de conducir al no poder superar la revisión médica, se dirigían a este centro en el que, a cambio de dinero, falseando y obviando la realidad, les facilitaban el certificado.

La Policía pidió a la Dirección General de Tráfico información detallada sobre los permisos a 152 personas en Tarragona con más de 70 años y enfermedades crónicas, en los que se detectaron "serias irregularidades" a la hora de renovar su carné.

De hecho, estos conductores presentaban enfermedades y restricciones en sus revisiones anteriores, mientras que en la última, en este centro, sus limitaciones para la conducción habían mejorado o desaparecido.

Según la Policía, el titular del centro era un doctor, que había muerto en 2015, y aún así, el centro siguió funcionando y durante los últimos siete años ha estado liderado por su hijo, con la colaboración de otro médico, sin que la DGT tuviera constancia de ello.

Hasta el momento, la Policía ha interrogado a 33 ancianos y tiene pendiente informar a la DGT y al Servicio Catalán de Tráfico sobre las irregularidades detectadas, para que decidan si abren expediente informativo al centro.

Según la Policía, los ancianos interrogados hasta el momento han asegurado que se sintieron engañados, han alegado que no sabían que la tramitación que estaban efectuando era irregular y que les podía acarrear problemas legales, ya que confiaron en los responsables del centro y pagaron entre 100 y 170 euros por renovación.