El 25 de abril de 1998 ha quedado grabado a fuego en el calendario como el día en el que se produjo el mayor desastre medioambiental de Andalucía. Lo provocó la rotura de una balsa de residuos de metales pesados en la mina de Aznalcóllar, explotada entonces por la empresa sueca Boliden, que provocó el vertido de unos cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, que afectó a unas 4.400 hectáreas que abarcaban incluso zonas próximas al parque natural de Doñana y que provocó la muerte de 37 toneladas de peces. 

Más de 25 años después, y tras una travesía judicial de ida y vuelta, este martes ha comenzado el juicio en Sevilla, en el que se dirime la reclamación de casi 90 millones de euros que la Junta de Andalucía le reclama a la compañía sueca y que esta se niega a pagar. 

En la primera de las cuatro sesiones del juicio, que se celebra en el juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla, los representantes de Boliden recordaron que la propia Junta "autorizó el recrecimiento" de la balsa siniestrada y que la compañía retiró los lodos "de forma voluntaria", algo que les costó 80 millones de euros que no cubrió el seguro.

Además, alegan que la Junta se gastó la mitad del dinero que reclaman en la creación de un corredor verde "innecesario" que, afirman, la administración autonómica tenía planeado con anterioridad al desastre, y "no en paliar" las consecuencias del vertido. Asimismo, la defensa de Boliden alude a cuantías "controvertidas" por dudas respecto a su abono efectivo por parte de la Junta o el destino final al cual fueron aplicadas. Por todo ello, reclaman la desestimación de la demanda.

Por su parte, los técnicos de la Junta declararon que "todas" las actuaciones de la administración andaluza tuvieron una base "científica" y estuvieron motivadas por el vertido. Y negaron tajantemente que el corredor verde estuviera planteado con anterioridad al siniestro. Muy al contrario, apuntaron que la rotura de la balsa no tenía precedentes históricos y tuvieron que "innovar" en su actuación. Así, se necesitó un proyecto que "superara" el impacto del vertido para proceder a una "descontaminación global" de la zona.

"Cuando se planteó la restauración de la zona, Boliden ya se había quitado del medio", declararon los técnicos, que advirtieron que esta actitud contrastó con la colaborativa que tuvo en un primero momento la minera sueca debido, en su opinión, a que estaba pendiente de una nueva concesión por parte de la Junta.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha celebrado el comienzo del juicio y ha aseverado que ante este tipo de sucesos "no se puede mirar hacia otro lado como si no ocurriera nada". "La apuesta más segura" frente a estos eventos "son las medidas de protección, anticipación, entender la realidad y hacerla frente", ha añadido la ministra.

El juicio continuará los días 6, 11 y 13 de julio y contará con la declaración de doce testigos y un perito propuesto por las tres empresas que forman parte de Boliden (Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV), todas ellas demandadas por la Junta de Andalucía.