El Tribunal Constitucional paraliza la demolición de la urbanización Isla de Valdecañas de Cáceres por 6 votos contra 5

Europa Press
Isla de Valdecañas, en Cáceres.
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Un Tribunal Constitucional muy dividido ha decidido este martes, por 6 votos contra 5, paralizar cautelarmente el derribo del complejo Marina Isla de Valdecañas (Cáceres), ordenado por el Tribunal Supremo, hasta que la corte de garantías se pronuncie sobre el fondo del asunto. 

El ponente Enrique Arnaldo propuso conceder la medida cautelar solicitada por los recurrentes para evitar el "perjuicio irreparable" que supondría derribar el complejo, aunque a posteriori se estimaran los recursos de la Junta de Extremadura, las comunidades de propietarios del complejo y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo.

se trata de la primera ocasión con la actual composición del tribunal que la mayoría progresista se divide en una cuestión hasta el punto de que el voto del presidente Cándido Conde Pumpido y del magistrado Juan Carlos Campo han resultado claves para aprobar la suspensión, avalada por el bloque conservador del tribunal.

Han anunciado voto particular la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, las magistradas María Luisa Balaguer, María Luisa Segoviano y Laura Díez, y el magistrado Ramón Sáez. 

Isla de Valdecañas es un complejo turístico ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres), en una isla de 134,5 hectáreas de superficie en la presa de Valdecañas. 

El Supremo acordó la demolición del hotel, las viviendas y el campo de golf de la urbanización Marina Isla de Valdecañas por haberse construido en un espacio calificado como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). De esta forma, revocó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en la que se que declaró la imposibilidad material de demoler los edificios ya construidos de la urbanización.

El TSJ de Extremadura había acordado la conservación del hotel, 185 viviendas, un campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento, al tiempo que había señalado que el coste de demolición de todo lo edificado supondría 144,9 millones entre obras e indemnizaciones. 

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