La proposición de ley sobre la ordenación de los regadíos en la Corona Norte de Doñana impulsada por el PP-A y Vox, y que ha provocado numerosos choques entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, continúa su trámite parlamentario con normalidad, si bien el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha vuelto a mostrar su predisposición a cambiar el contenido de la norma siempre y cuando haya otras vías que den solución a las familias afectadas.

Así lo ha manifestado el líder del Ejecutivo andaluz durante la inauguración en Málaga del encuentro Digital Enterprise Show 2023, donde ha asegurado que está a favor de una posible modificación de la iniciativa a través de enmiendas de los partidos de la oposición, siempre que estas ofrezcan una alternativa "creíble y viable" para resolver el problema de las decenas de familias atrapadas en una situación de "alegalidad", que ahora "queremos resolver sin menoscabo de los intereses del parque".

Moreno ha insistido en que en la Corona Norte de Huelva, que se ubica fuera del parque natural, hay un problema "enquistado" y "heredado", de forma que su Gobierno actual ha decidido de forma "correcta" intentar solventarlo, sin menoscabo, ha reiterado, para los intereses medioambientales del espacio natural.

Así, la proposición garantiza que "jamás de los jamases se coja agua del subsuelo" del parque. "Esta es una ley garantista y persigue preservar el parque de Doñana y, por tanto, esperamos que haya aportaciones en positivo", ha indicado el presidente, que ha confiado en que por parte de los partidos de la oposición no se siga "utilizando" este tema de cara a las elecciones generales como, en su opinión, sí se ha hecho ante los comicios municipales.

"Estamos siempre dispuestos a dialogar, a hablar y a escuchar y a aprender de aquellos que nos puedan hacer una propuesta más inteligente o positiva de la que hacemos nosotros", ha señalado Moreno. En este sentido, ha subrayado que la vía elegida por su Gobierno no ha sido la del decreto ley, sino una proposición de ley registrada en el Parlamento para que "todo el mundo pueda expresar su visión y aportar soluciones".

Desde el PSOE-A, en cambio, han reclamado al presidente que retire el "señuelo electoral" que, para ellos, es la proposición de ley y le han advertido que "lo más sensato" para Doñana y su comarca es la "retirada inmediata" de su iniciativa, que "está causando un enorme daño a la credibilidad del Gobierno de la Junta en materia medioambiental a nivel internacional".

Así lo ha manifestado el diputado socialista por Huelva Mario Jiménez, que ha exigido al presidente andaluz que "rectifique" y convoque la comisión de seguimiento del plan de ordenación de la Corona Norte para abordar su modificación "desde el diálogo, la participación y el consenso entre administraciones".

Por su parte, el PP andaluz ha pedido a los socialistas y al resto de los grupos parlamentarios de la oposición que "dejen de mirar a otro lado, porque es el momento de solucionar de una vez por todas la situación injusta en la que quedaron los agricultores del Condado de Huelva tras la aprobación del Plan Especial de la Corona Norte, y no de alargar el sufrimiento".

El diputado popular, también por Huelva, Manuel Andrés González, se preguntó "¿qué más dialogo quieren que traer una proposición a la casa de todos los andaluces, el lugar donde hay que debatir y buscar respuesta a los problemas?". Y reiteró que la iniciativa que se tramita en la Cámara andaluza "para nada atenta ni perjudica medioambientalmente al parque natural de Doñana", por lo que instó a poner fin a un "conflicto que ha creado un grave perjuicio a cientos de pequeños agricultores onubenses".

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Los comparecientes piden "consenso"

Precisamente durante la jornada de este martes se ha celebrado en la Comisión parlamentaria de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda el trámite de audiencia de la proposición, en el que comparecen los agentes sociales y otros afectados por la norma para dar su punto de vista sobre la misma y someterse a las preguntas de los grupos políticos.

Ninguno de los comparecientes ha cambiado su postura inicial sobre la proposición. La mayor parte de los representantes de los agricultores, así como alguno de los alcaldes afectados por el texto (Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado) se mostraron a favor del plan de Doñana, mientras que los ecologistas y los sindicatos se manifestaron en contra. Sí coincidieron la mayoría en que es necesario el "consenso" entre la Junta y el Gobierno central para resolver un problema que se remonta muy atrás en el tiempo.

Cabe recordar que entre los comparecientes, que fueron aprobados con los únicos votos a favor del PP y de Vox, figuraba la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que rechazó asistir al Parlamento. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha defendido este martes la ausencia de la ministra, ya que ella "ha comparecido y dado explicaciones en el Parlamento de la Nación", que es "donde le corresponde".

Sí asistió finalmente el presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, Miguel Delibes, inicialmente rechazado por los partidos impulsores de la norma, como también lo han sido otros miembros de la comunidad científica, cuya posición es contraria a la ley, como el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla. 

Delibes pidió a la Junta que "tenga el coraje político de retirar" su propuesta. Doñana, afirmó, "está seca, sus lagunas desaparecen, y con ellas su fauna, y sus acuíferos descienden". El problema de los agricultores y los regantes "es real", continuó, pero "las cosas han ido demasiado lejos". En este sentido, señaló que, más allá del parque natural, "está en juego la paz social, el futuro de los agricultores y sus productos y la marca Andalucía". 

El presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural también lamentó la ausencia de otros científicos, a los que, dijo, "no es momento de negar la voz". Y concluyó afirmando que «sí» existe alternativa, que no es otra que el Plan de la Fresa que se aprobó en 2014.