Los miembros del comité de huelga del sector de funcionarios de Justicia que aún resistían desde el martes encerrados en el ministerio de Pilar Llop han decidido marcharse del edificio este viernes a las 17.00 horas. Después de que el Gobierno prohibiese el acceso de comida para los representantes sindicales el jueves por la mañana, uno de los cinco que permanecían encerrados ha tenido que ser recogido por una ambulancia al estar indispuesto y finalmente sus cuatro compañeros han decidido cesar la medida de presión. 

Advierten, sin embargo, de que "el conflicto continúa" y se mantiene la convocatoria de huelga indefinida que comenzó el pasado 22 de mayo. El Ministerio de Justicia, "con el consentimiento del Gobierno", ha mostrado a juicio de los sindicatos su cara más "antisindical, degradante y antidemocrática". Así lo firman las organizaciones CSIF, STAJ, CC OO y UGT en un comunicado remitido en torno a las 16.00 horas de este viernes. 

En el mismo escrito señalan que Justicia no ha tenido nunca "ninguna intención de negociar las justas y razonables reivindicaciones" del sector, mientras "aceptaba y consolidaba" las medidas reclamadas por "las élites judiciales". Mantienen por tanto su mensaje de un "Gobierno clasista" que durante 2023 ha concedido subidas salariales a letrados de la Administración de Justicia y a jueces y fiscales. 

El Gobierno prohíbe llevar comida a los funcionarios de Justicia encerrados desde hace dos días en el ministerio

Los primeros consiguieron un aumento de hasta 450 euros mensuales tras una huelga de dos meses que concluyó el 28 de marzo. Los jueces y fiscales, sin embargo, fueron convocados a la mesa de retribuciones el 3 de mayo y lograron un desembolso de 46,7 millones de euros del ministerio sin necesidad de celebrar ninguna huelga. 

Finalmente, los funcionarios de Justicia iniciaron el 17 de abril una protesta con paros parciales que desembocó en la convocatoria de huelga indefinida. Pero la única reunión que les ha ofrecido Justicia desde el 24 de abril fue la celebrada este martes. 

Una vez en la mesa de negociaciones, el equipo de Pilar Llop les ofreció "el único compromiso" de seguir hablando tras el periodo electoral, según denuncian los sindicatos. El trato resultó "completamente insuficiente" para el comité de huelga, que decidió quedarse encerrado en el número de 21 de la calle San Bernardo, en la misma sala de reuniones, a la espera de una nueva propuesta. 

Pero, según denuncian, el ministerio solo perseguía el interés "explícitamente expresado" de que durante la campaña electoral hubiera "sosiego". Ante la exigencia de "aparcar" las protestas hasta pasados los comicios, los sindicatos aseguran que "los trabajadores van a estar más unidos y más firmes que nunca en el objetivo de no admitir más discriminación, más clasismo, ni que se siga sin reconocer profesional y retributivamente su trabajo y sus funciones". 

Así pues, han informado de que al principio de la próxima semana se celebrarán asambleas "en toda España" para aunar fuerzas del colectivo y trasladar una propuesta conjunta de movilizaciones. 

Denuncian a Llop y su número dos ante el Supremo

Esta mañana, el comité de huelga ha emprendido una segunda medida de presión: una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo dirigida expresamente contra la ministra Pilar Llop y el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, por su negativa a negociar. Aseguran que la postura Llop y su número dos constituye un "incumplimiento intencionado" del artículo 8.2 del real decreto 17/1977, que regula las relaciones de trabajo.

Este martes, recuerdan los sindicatos, Rodríguez "interrumpió unilateralmente la reunión y las negociaciones" y comunicó después que no van a producirse más reuniones con el comité, a pesar de que la huelga indefinida sigue convocada. Es aquí donde, a juicio de los sindicatos, se estaría cometiendo una ilegalidad, en tanto que el real decreto mencionado establece que "desde el momento del preaviso y durante la huelga, el comité de huelga y el empresario deberán negociar para llegar a un acuerdo".

Los firmantes aseguran que el comité de huelga ha cumplido "escrupulosamente" ese mandato y denuncian que, por el contrario, la ministra y el secretario de Estado han evitado hacerlo "a sabiendas" de que está regulado por ley. "El incumplimiento de su obligación de negociar por el Ministerio de Justicia y sus máximos responsables es un acto contrario a derecho y realizado a sabiendas de su ilegalidad", señala el escrito presentado ante la Fiscalía del Supremo.