En el número 21 de la madrileña calle San Bernardo hay un edificio perteneciente al Ministerio de Justicia que el martes pasado albergaba una negociación y se ha convertido ahora en el escenario de una guerra entre el Gobierno y los funcionarios de Justicia. Fue el martes a las 20.00 horas cuando acabó la negociación y comenzó el pulso entre ambos bandos. Cinco de los miembros del comité de huelga (el sector lleva ejerciéndola de forma indefinida desde el pasado 22 de mayo) se encerraron entonces en la sala de reuniones del ministerio, que se ha convertido en su particular trinchera. 

Allí siguen aguantando dos días después, con intención de permanecer encerrados "hasta que el Gobierno se siente a negociar", pero sin conseguir ningún acercamiento de sus interlocutores. Es más, según han informado los sindicatos que forman parte del comité -CSIF, STAJ, CC OO y UGT-, desde esta mañana se ha prohibido por orden del gabinete de Pilar Llop enviar comida a los negociantes atrincherados. 

La información ha sido corroborada por fuentes de Justicia consultadas por 20minutos. Según la cartera de Llop, la prohibición atiende a "motivos de seguridad". Sin embargo, los sindicalistas encerrados aseguran que no se les permite siquiera acercarse a la máquina expendedora para comprar un sándwich y una Coca Cola. Una información que "no consta" a las fuentes del ministerio consultadas por este periódico. 

Los manifestantes se han congregado frente al ministerio, como ya hicieron ayer, pero esta vez han llegado cargados con bolsas de comida y han exigido que se de de comer a los compañeros del comité. 

El comité, que hasta ahora ha mantenido la firme decisión de quedarse allí dentro "el tiempo que sea" con tal de conseguir que el Gobierno se siente de nuevo en la mesa de negociación, lo tiene ahora mucho más complicado. "Es una actitud indigna para un Gobierno democrático, un trato degradante, una coacción", ha señalado el presidente del sector nacional de Justicia del CSIF, Javier Jordán, entre los manifestantes congregados a las puertas del ministerio. 

A su juicio, "si al Gobierno le molesta la permanencia de los compañeros en la sala de reuniones", tienen dos opciones: "Sentarse a negociar con una propuesta razonable", o "llamar a las fuerzas de seguridad del Estado y desalojarles". A través de un comunicado conjunto, los sindicatos han señalado que el Ministerio de Justicia "no tiene intención de negociar" sino de "desgastar al comité de huelga".

"La actitud mostrada con estas medidas restrictivas e inhumanas solo consigue definir la calidad moral o ética de las personas que las adoptan", reprocha el comunicado emitido este jueves pasado el mediodía. Visto el tinte que ha tomado la interacción con el Gobierno, los sindicatos sostienen que se les convocó con la única intención de solicitar el fin del conflicto "a cambio de nada". 

El conflicto se encona tras 52 días de protesta

El Ministerio de Justicia se ha enfrentado ya a tres conflictos laborales a lo largo de 2023 y este es el único que no ha logrado solucionar por el momento. Todo comenzó con la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (un escalón por encima de los funcionarios) que duró dos meses y comenzó el 24 de enero.  El 28 de marzo se zanjó el con una subida salarial de entre 430 y 450 euros tras dejar más de 350.000 juicios suspendidos, 1.280 millones de euros bloqueados y 424.000 demandas. 

Pilar Llop logró apagar ese incendio, pero sentó un precedente que acabó volviendo en su contra. Así ha acabado la cosa, con cinco líderes sindicales encerrados en una de sus salas de reuniones. Si Llop había tardado dos meses en acabar con la huelga de los letrados judiciales, no pasaron ni dos semanas hasta que se topó con otro conflicto laboral. Los funcionarios de Justicia anunciaron paros parciales que comenzaron a celebrarse el 17 de mayo y desembocaron en una huelga indefinida a partir del 22 de mayo. 

Paralelamente, el Ministerio de Justicia se enfrentó a la amenaza de una huelga por parte de jueces y fiscales. La movilización se anunció de cara al 16 de mayo, pero el Gobierno convocó la Mesa de Retribuciones -el órgano establecido para negociar con estos cuerpos- el día 3. Al cabo de cinco tensas reuniones con las asociaciones de jueces y fiscales se alcanzó un pacto de subidas salariales que suponen el desembolso de 46,7 millones de euros por parte del Ejecutivo. 

Y mientras tanto, los funcionarios de Justicia endurecían sus medidas de presión, que no han resultado eficaces en ningún momento. El escenario cambió por completo el 29 de mayo a raíz del anuncio de adelanto electoral. 

El Gobierno señaló que la negociación perdía el sentido, que no había margen tras el adelanto. "El PSOE ya se había pronunciado: si había ley de eficiencia organizativa, habría subida relacionada con las nuevas cargas de trabajo. Ahora que se disuelven las Cortes y no se puede tramitar la norma no tiene mucho sentido negociar", señalaron fuentes ministeriales a 20minutos. 

Pero los sindicatos amenazaron con presentar una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra la ministra y su número dos, Tontxu Rodríguez, por no acudir a las negociaciones. Y entonces el equipo de Llop convocó la negociación de este martes. Durante la reunión, los sindicatos se mantuvieron en su exigencia de una subida salarial de entre 350 y 430 euros mensuales, pero el Ejecutivo, según los funcionarios, solo se compromete a negociar tras las elecciones.