Este jueves por la mañana estaba programado que John recibiera la tercera orden de desahucio en su piso en Alcorcón. Sin embargo, gracias a la intervención de la plataforma de afectados por la vivienda de Alcorcón (PAH), el desahucio se ha paralizado y se ha abierto un proceso de negociación con Blackstone, aunque todavía no se sabe en qué desembocará.

John tiene 32 años y lleva viviendo 5 años en ese piso de Alcorcón, junto a su mujer y sus tres hijos pequeños. Hace dos años, el fondo de inversión decidió no renovar su contrato de alquiler y no darle la posibilidad de renegociarlo. Aun así, John decidió seguir pagando los 600 euros de renta y continuar viviendo en ese piso, de dos habitaciones y 70 metros cuadrados. 

Blackstone decidió recurrir a la vía judicial e interponer una demanda. Y los juzgados dieron la razón al grupo inversor: John debía abandonar el piso. "Es normal que estos juicios se pierdan, en España no hay una legislación en la que se recoja los contratos de alquiler indefinidos como en Francia y otros países", explica Mercedes, activista de la plataforma de afectados por la vivienda de Alcorcón.

"Nuestro ideal sería poder llegar a una negociación colectiva, porque, además de John, hay otros casos de familias a las que se les ha terminado el contrato y les han ofrecido una renovación con subidas abusivas". "Cuando te echan de tu hogar te encuentras en una situación complicada donde tienes que desembolsar una gran cantidad de dinero para la mudanza, la entrada en el nuevo piso, su reacondicionamiento...", añade.

Blackstone llega a un acuerdo con una de las inquilinas demandadas: aplazar el contrato hasta diciembre y mantener la cuota anterior

Durante esta semana también se daba la noticia sobre los múltiples juicios que el fondo de inversiones está iniciando contra 40 familias que se encontraban en una situación similar: había decidido continuar en sus viviendas, pagando el alquiler a pesar de que el contrato había terminado. En estos caso, Blackstone ofreció a muchos inquilinos renovar los contratos, pero con una subida del precio que ellos consideraban abusiva.

La ley ampara a Blackstone 

La legislación actual en España ampara a Blackstone, por lo que en vía judicial estos inquilinos tienen poco que hacer. En materia contractual, rige la libertad de las partes para establecer lo que consideren oportuno, ya sea el precio o el tiempo de duración.

Con la nueva Ley de Vivienda esto no se modifica. Un tope que se pone a esta libertad contractual es la de limitar la capacidad de los grandes tenedores (más de diez inmuebles) de subir el precio de los nuevos contratos en aquellas zonas que hayan sido declaradas como zonas tensionadas, cosa que en la Comunidad de Madrid no ha ocurrido. Sin esta declaración administrativa, una vez haya finalizado el contrato de arrendamiento, nada impide que el propietario, en este caso Blackstone, suba los precios a su criterio.