Irene Montero lamenta el aval del Supremo a las rebajas de penas: "Es una mala noticia"

Las ministras de Derechos Sociales e Igualdad, Ione Belarra e Irene Montero.
Las ministras de Derechos Sociales e Igualdad, Ione Belarra e Irene Montero.
EFE
Las ministras de Derechos Sociales e Igualdad, Ione Belarra e Irene Montero.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha lamentado este miércoles el aval del Tribunal Supremo (TS) a las rebajas de condenas a agresores sexuales por la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí', impulsada por su departamento. Para Montero, "es una mala noticia" que la Sala de lo Penal haya decidido rechazar la treintena de recursos de casación presentados por la Fiscalía.

Así lo ha reconocido la titular de Igualdad en redes sociales, apenas pocos minutos después de que el alto tribunal diese a conocer su conclusión sobre cómo proceder a la hora de aplicar la ley de garantía de la libertad sexual a las condenas firmes. "El Tribunal Supremo rechaza el criterio unánime de la Fiscalía respecto a la vigencia del derecho transitorio. Es una mala noticia", ha espetado. 

Y es que en el pleno monográfico convocado esta semana con el objetivo de unificar criterio, los magistrados han rechazado también que se deba aplicar la disposición transitoria quinta del Código Penal a la que tanto Montero como el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, habían apelado en numerosas ocasiones. Esta indica que no se debe reducir una condena si la pena inicial cabe dentro de la nueva horquilla de penas, pero la Sala de lo Penal concluye que debe primar siempre el principio de retroactividad que mandata aplicar la ley que sea más favorable para el reo.

Ante esta decisión, que ya marcará el camino a seguir a los tribunales a partir de ahora respecto a las revisiones de condenas a agresores sexuales, Irene Montero ha subrayado la necesidad de "acelerar la puesta en marcha de todas las medidas" contempladas en la ley del 'solo sí es sí', como la especialización judicial, la asistencia jurídica gratuita, los centros de crisis, y el derecho a atención psicológica o letrada sin necesidad de haber interpuesto una denuncia. 

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