El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró ilegal este lunes la reforma judicial de 2019 en Polonia. Esta dio lugar a una Sala Disciplinaria para los magistrados del Tribunal Supremo. La respuesta no se ha hecho esperar y el viceministro de Justicia, Sebastian Kaleta, ha cuestionado la labor de un órgano que considera "desacreditado" y sobre el que han lanzado sospechas corrupción.
"La mera perspectiva de que los jueces que tienen competencia para aplicar el Derecho de la Unión corran el riesgo de que la Sala Disciplinaria pueda pronunciarse sobre cuestiones relativas a su estatuto y al ejercicio de sus funciones, puede afectar a su independencia", dijo el TJUE en un comunicado.
Varsovia acumulaba hasta este lunes 555,5 millones de euros en multas por no aplicar cautelarmente una paralización de la actividad de esta sala del Tribunal Supremo. Esta inicialmente permitía que los jueces estuviesen sujetos a investigaciones disciplinarias, procedimientos y sanciones en función del contenido de sus decisiones judiciales.
Un millón de euros diarios
La multa empezó siendo de un millón de euros diarios, pasando en desde el 21 de abril a 500.000 euros, aunque Polonia se ha negado a pagarla pese a los 16 requerimientos de Bruselas. No obstante, la Comisión Europea lo ha compensado al no desembolsarle otros fondos comunitarios.
Desde el punto de vista de la Comisión, posteriormente respaldado por el tribunal comunitario, la reforma polaca socava la independencia de los jueces y no da las garantías necesarias para protegerlos del control político.
La corte comunitaria con sede en Luxemburgo reafirma que los Estados miembros deben cumplir las obligaciones que se derivan del derecho de la Unión. "Están obligados a velar por evitar cualquier regresión, en cuanto al valor del Estado de derecho, de su legislación en materia de organización judicial", sin poder escudarse en "disposiciones o jurisprudencias internas, incluidas las de rango constitucional".
En este sentido, la controvertida cámara disciplinaria polaca "no satisface la exigencia de independencia e imparcialidad", abunda el tribunal, que señala que la labor de los jueces se puede ver afectada por la capacidad de esta sala para abrir diligencias penales contra ellos u ordenando su detención.
Polonia carga contra el TJUE
Por su parte, el Gobierno de Polonia ha acusado al TJUE de entrometerse en cuestiones internas al volver a cargar contra un aspecto clave de la reforma judicial aprobada en 2019 y ha tildado de "farsa" la sentencia.
Para el ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, la corte se ha excedido de nuevo de sus competencias al pronunciarse sobre el sistema de un Estado miembro, alegando que Polonia no ha accedido a sus requerimientos y que el TJUE está interpretando el contenido de los tratados de la UE.
Varsovia se agarra además a sentencias del Tribunal Constitucional polaco que dictaminan "que las cuestiones sistémicas relacionadas con el poder judicial no están sujetas a la Unión Europea", como ha apuntado Ziobro.
El ministro considera, además, que antes deben esclarecerse los "escándalos" que salpican al tribunal, aludiendo a supuestas connivencias de magistrados y políticos "durante cacerías o banquetes", según un comunicado difundido por el propio ministerio.
Ahora, Polonia debe cumplir la sentencia y corregir las disposiciones de la reforma judicial que la UE sigue considerando contrarias al Derecho común o se expondrá a que la Comisión Europea pueda acudir de nuevo al TJUE para solicitar una nueva multa.
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