El comité de huelga de funcionarios de la Administración de Justicia ha decidido abandonar la mesa de negociación de servicios mínimos en denuncia de la actitud del Ejecutivo, al que acusan de estar "sordo y ciego" ante una justicia "que revienta por los cuatro costados". Los sindicatos CSIF, STAJ, UGT y CCOO han tomado esta decisión cuando se cumple un mes del inicio de los paros parciales en el sector y a falta de cuatro días para el comienzo de la huelga indefinida. 

Este jueves se han conocido con exactitud, por primera vez, las cifras que ofrecen los huelguistas sobre el impacto de su protesta en el funcionamiento de los juzgados y tribunales del país: medio millón de juicios aplazados y 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas. Datos alarmantes sobre los que el Ejecutivo no se ha pronunciado todavía, ni el ministerio de Pilar Llop ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han hecho un balance de estas características. 

A través de un comunicado remitido este jueves a los medios, el sindicato CSIF ha denunciado que "a pesar del grave deterioro" que está provocando la protesta, "el Ministerio de Justicia no ha mostrado voluntad de sentarse a negociar una mejora de las condiciones laborales del colectivo de funcionarios, que supone el 93% de la plantilla".  El único responsable, denuncian los sindicatos, es el ministerio, "y en concreto Pilar Llop". 

La huelga de jueces y fiscales, un dilema sin resolver: ¿Tienen derecho a ejercerla?¿Se les descontará el sueldo?

Las organizaciones sindicales han convocado este jueves una protesta frente al Congreso de los Diputados y se manifestarán el próximo martes frente a la sede del Partido Socialista, en Ferraz. Dos días después han convocado "una gran manifestación" que comenzará en la calle San Bernardo, a las puertas del Ministerio de Justicia, y concluirá en la Secretaría de Estado de Función Pública, situada en el número 7 de la calle Santa Engracia. 

Además, han registrado en Moncloa una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emplazándole a que autorice una oferta económica "que reconozca las funciones que realizan los funcionarios cada día". En concreto, exigen una mejora salarial de entre 350 y 430 euros mensuales que se efectúe a través del 'complemento general del puesto'. De esta forma, aseguran, se elevará el sueldo del colectivo en todo el Estado, "independientemente de la comunidad autónoma". 

Más allá de los aspectos meramente económicos, estos trabajadores reclaman un papel en la negociación del contenido de las leyes de eficiencia que se hallan actualmente en plena tramitación parlamentaria como parte del plan de Justicia 2030. El comité de huelga asegura que el seguimiento de los paros se mantiene por encima del 90% de la plantilla, y el Gobierno, sin embargo, asegura que en ningún momento ha superado el 30%. 

El Estado empleador afronta una campaña del 28M sin paz social y con la conflictividad laboral en máximos

Desde hace semanas, la cartera de Pilar Llop ni siquiera se ha pronunciado sobre el conflicto y ha rehuido por completo la idea de sentarse a negociar, al menos hasta que concluya la Mesa de Retribuciones que actualmente le reúne con jueces y fiscales. Fuentes cercanas a Llop se escudan en que los funcionarios tuvieron una subida salarial en diciembre de 2021 y que dicho acuerdo permanece vigente. Más allá de eso no hay a la vista ningún plan para sentarse con los funcionarios.

A lo que los sindicatos responden: "En 2021 también se llegó a un acuerdo con los jueces y los letrados, pero a ellos se les ha ofrecido una subida. Con nosotros, que representamos el 93% de la Administración de Justicia, el ministerio se ha cerrado en banda". 

Ciertamente, la cartera de Pilar Llop ofreció una subida de entre 430 y 450 euros mensuales a los letrados judiciales, aunque la oferta llegó tras dos meses de huelga del colectivo. Por otro lado, el Gobierno ha ofrecido a jueces y fiscales un aumento retributivo que supondría un desembolso de 46,7 millones de euros, y actualmente está negociando con ambos cuerpos en la Mesa de Retribuciones para tratar de evitar que se celebre la huelga que han convocado también el 22 de mayo. Pero de momento no hay señales de que se vaya a considerar la reclamación de los funcionarios, que implicaría un gasto de 200 millones de euros.